El fiscal pide imputar a cinco exdirectivos de la Junta andaluza por presunto fraude de 40 millones
Se les atribuyen delitos de falsedad documental, prevaricación y malversación.
En relación a subvenciones a obras en las marismas sevillanas en 2004.
La noticia judicial de la campaña electoral –al menos por el momento– no ha venido a través de la jueza Mercedes Alaya. El «caso de los ERE» o el de los cursos de formación siguen su trámite al margen de los comicios. El que estalló ayer es uno menos conocido pero que afecta a la Junta de Andalucía porque pone en entredicho la gestión de los fondos europeos por parte de la Administración regional, una de sus fuentes de financiación más importantes en los últimos años.
La Fiscalía de Sevilla ha pedido imputar a 21 personas, entre ellas cinco ex altos cargos de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, por un presunto fraude de 40 millones de euros en obras de riego en las marismas del Guadalquivir que se habría cometido con una subvención concedida en 2004.
En su petición al juez de instrucción 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, que tiene abierta una investigación por el caso conocido como «marismas», la Fiscalía atribuye a los imputados los delitos de falsedad en documento público por funcionario público, prevaricación y malversación de caudales públicos.
Los ex altos cargos a los que la Fiscalía pide imputar son Francisco Ruiz Orta, director general de Regadíos de la Consejería de Agricultura; Carlos Javier Rodríguez Pérez, jefe de departamento de Infraestructuras y Actividades Estructurales; y Manuel Antonio Cruz-Guzmán, jefe de Infraestructuras Agrarias y Actuaciones Estructurales.
También pide imputar a Julián Martín Jorreto, jefe de servicio de Promoción Rural, y Tomás Martínez Jiménez, director general de Regadíos y Estructuras de la Junta de Andalucía.
Por «razones operativas» y para evitar la prescripción de los posibles delitos, que se habrían cometido durante un «amplio periodo de tiempo», la Fiscalía señala que debe comenzar a concretar hechos e imputaciones.
Subvención de 40 millones de euros para modernización del riego
La Fiscalía se refiere a la aprobación, el 13 de octubre de 2004 por parte del Instituto Andaluz de Reforma Agraria, de una subvención de 40.119.944 euros para la modernización del riego según un proyecto presentado por la Comunidad de Regantes de las Marismas del Guadalquivir.
El proyecto era de 66,6 millones de euros y se concedió a los regantes ayudas por 40,1 millones, según la Fiscalía, que ha investigado «el irregular procedimiento de adjudicación de las obras» y el pago de una primera certificación por valor de 4,2 millones de euros por obras que no se habían hecho.
Además, la Fiscalía solicita que se impute a un técnico de la Consejería de Agricultura, a ocho miembros de la mesa de contratación de la Comunidad de Regantes y a siete representantes de las empresas que intervinieron en el concurso de la obra.
El fiscal cree que los regantes adjudicaron el contrato de forma irregular
La Fiscalía destaca que para poder recibir la subvención, los regantes certificaron «falazmente» que habían celebrado una asamblea general y que disponían de los medios financieros para ello, lo que también hicieron «faltando a la verdad».
Luego convocaron un concurso de licitación abierta, pero el comité de evaluación faltó «absolutamente» a las reglas de la resolución y en el pliego de condiciones particulares usaron criterios distintos a los establecidos en la valoración de las ofertas económicas y técnicas, según la Fiscalía.
Como consecuencia de ello, los que presentaron mejores ofertas quedaron en los puestos 11,12 y 14 y la junta rectora de los regantes adjudicó la obra primero a una unión temporal de empresas formada por Teconsa, Elecnor, Meci y Tegner, decisión que se revocó y por lo que les pagaron 285.480 euros sin justificar.
Luego adjudicaron la obra a otra unión de empresas compuesta por Befesa/Alpi pese a saber que su oferta no era la mejor, continúa el relato del Ministerio Público, que considera que hubo un acuerdo entre estas compañías con Meci Works y Tenger para ser los beneficiarios de los «pingües beneficios».
La Oficina Antifraude de la Unión Europea (OLAF) apreció en enero pasado indicios de delito en algunas actuaciones de las autoridades de la Junta de Andalucía respecto a un proyecto para modernizar una red de riego en la provincia de Sevilla, obra que fue cofinanciada con 11 millones de euros con fondos europeos.
