El ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, ha anunciado este martes que ha encargado un informe a la Dirección General de la Policía a cargo de Ignacio Cosidó sobre las actividades privadas del comisario José Villarejo y ha recordado que algunas de ellas son de hace 20 años.
Durante la inauguración de una exposición en Ifema, el ministro ha dicho que él no tiene por qué conocer todos los trabajos realizados por esta persona y por ello ha encargado el informe. Fernández Díaz sí ha comentado, en cambio, que sabe que algunas de las empresas que se relacionan con Villarejo están ya cerradas, otras liquidadas, aunque también las hay en activo, y ha insistido en que algunas se iniciaron hace varias décadas.
En ese sentido, ha dicho que no pone en duda a los sucesivos responsables de la Policía que, durante todo este tiempo, debieron valorar la compatibilidad entre estas actividades de Villarejo y sus funciones como policía. Según ‘El País’, este comisario participa en varias sociedades que suman un capital superior a 16 millones de euros.
«En principio no dudo hasta que se demuestre lo contrario, de que cuando fueron autorizadas esas actividades los responsables policiales consideraron que esa compatibilidad y legalidad se daba», ha enfatizado.
Fernández Díaz ha señalado que algunas de esas empresas mencionadas en la información se crearon hace 20 años y que «algunas están en extinción y otras liquidadas».
No obstante, ha dejado claro que no es el ministro del Interior quien debe conocer cuál es el patrimonio de los funcionarios de la Policía y si cuentan o no con empresas.
Para eso, ha añadido, la Dirección General de la Policía, como otras instituciones del Estado, dispone de un régimen de compatibilidad e incompatibilidades y de unidades y órganos que velan para que estas normativas se cumplan.
El ministro ha evitado contestar a la pregunta de si mantiene la confianza en Villarejo y, sobre los contactos de éste con el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, ha reiterado su tesis de que son hechos de la anterior legislatura que tendrán que dictaminar los jueces.
Lo que hizo este Gobierno, ha explicado, fue abrir una investigación interna sobre la actuación policial supuestamente ilegal que finalizó con sanciones y relevos.
Posteriormente, el juzgado madrileño pidió hace dos años mediante un auto que la Dirección General de la Policía le remitiera un expediente en que se contenía toda la información disponible sobre esa investigación y que sigue en el juzgado.
«Me remito a lo que determine la autoridad judicial», ha concluido.
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