Los respublicanos pretendían modificarlas llevando al Departamento de Seguridad Nacional al borde del cierre
El Congreso de Estados Unidos ha aprobado este martes la financiación para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para todo el año fiscal y sin condiciones vinculadas a las medidas migratorias tomadas unilateralmente por el presidente Barack Obama.
Tras dos semanas de debate a causa de la presión de un sector de los republicanos para supeditar los fondos del Departamento a bloquear las medidas migratorias del mandatario, la Cámara Baja ha aprobado finalmente por 257 votos a favor y 137 en contra el texto sin condiciones, que ya había pasado el mismo trámite en el Senado.
«Hoy, después de demasiado tiempo, el Congreso finalmente ha votado para financiar completamente al DHS. Para garantizar que nuestro país está protegido y que los trabajadores del departamento tienen los recursos que necesitan para hacer su trabajo, firmaré la ley tan pronto como llegue a mi despacho», ha afirmado Obama en un comunicado de la Casa Blanca.
Tanto los demócratas como el propio presidente habían advertido de que harían todo lo posible para frenar cualquier legislación que atente contra las acciones ejecutivas en materia migratoria anunciadas el pasado noviembre, mientras que los conservadores llevaron al límite sus opciones de presión sobre la financiación de las agencias que velan por la seguridad del país.
El Departamento de Seguridad Nacional, al borde del cierre
«Desafortunadamente, se desperdiciaron muchas semanas en juegos políticos que nos llevaron al borde de un cierre del Departamento de Seguridad Nacional. Si esta experiencia nos ha enseñado algo, es que debemos dejar de gobernar permitiendo que se llegue al borde de una crisis antes de actuar», ha explicado el líder de la minoría demócrata en el Senado, Harry Reid.
Obama tomó la decisión unilateral de actuar en materia migratoria tras las elecciones legislativas del pasado noviembre, ante la incapacidad del Congreso para llegar a un acuerdo sobre una reforma integral. Desde entonces, el ala más conservadora del Partido Republicano ha tratado de minar el éxito de las medidas, tanto por la vía legislativa como por la judicial.
Piden que se mantenga la suspensión de las medidas
Este voto implica precisamente una derrota para los conservadores en el Capitolio, pero en los tribunales aún queda un largo camino por recorrer. Este mismo martes la coalición de estados -gobernados por los conservadores- que presentaron una demanda de inconstitucionalidad contra los decretos sobre inmigración, han solicitado al juez federal de Texas, Andrew Hanen, que mantenga su suspensión.
El procurador general de Texas, que lidera a los 26 estados demandantes, Ken Paxton, ha considerado en un comunicado que el juez Hanen «detuvo correctamente la acción ilegal de la Administración Obama». «Una vez que el presidente inicie esta acción será prácticamente imposible de revertir», ha agregado el procurador general del estado sureño, argumentando sus razones para mantener la suspensión de las medidas que regularizarían a más de cinco millones de indocumentados
El Departamento de Justicia del Gobierno interpuso un recurso el pasado lunes y dio 48 horas a Hanen para levantar la suspensión antes de acudir a instancias superiores, en este caso la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Nueva Orleans, con jurisdicción sobre Texas. El juez Hanen, entonces, pidió a los 26 estados demandantes que se pronunciaran.
Ahora, el juez debe decidir
Ahora, Hanen deberá responder al recurso presentado por el Gobierno estadounidense y decidir si mantiene la suspensión de las medidas ejecutivas o por lo contrario autoriza su puesta en práctica.
De momento, la decisión judicial ya impidió la entrada en vigor de la primera parte del plan ejecutivo que consiste en la ampliación de un programa de 2012 conocido como Acción Diferida (DACA) y que ya ha evitado la deportación de más de medio millón de jóvenes. Además de a la ampliación de la DACA para jóvenes, el fallo del juez Hanen afecta al programa Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres (DAPA), que pretende amparar a los progenitores de ciudadanos estadounidenses o con residencia permanente y cuyo inicio está previsto para mayo.
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