Sólo un 19% de los escoltas privados que perdieron su puesto de trabajo en el País Vasco y Navarra a raíz del Plan del Ministerio del Interior para la reducción de protección han sido recolocados en la vigilancia de los perímetros exteriores de los centros penitenciarios una función que el Gobierno ha otorgado a las empresas privadas de seguridad en sustitución de la Guardia Civil.
Este plan tuvo varias fases y la primera de ellas fue precisamente la que afectó a las empresas de seguridad privada. En ese momento había 789 escoltas privados prestando seguridad en el País Vasco y Navarra a un total de 558. De esas cifras se pasó a 365 escoltas privados para proteger a 306 personas, es decir una reducción del 53,74 por ciento de efectivos.
El Gobierno explica que desde sus competencias «se promovieron iniciativas encaminadas a la recolocación de los escoltas que habían prestado servicio en el País Vasco y Navarra, como por ejemplo el plan de apoyo al servicio de vigilancia que prestan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los Centros Penitenciarios».
