Agentes recaban documentación en la Diputación «por mandato judicial»
En una investigación sobre el Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA). Posteriormente los registros se han extendido a la oficina del Servicio Público de Empleo.
Agentes de la Guardia Civil de Huelva llevan desde antes de las 08:00 horas de este viernes registrando la Diputación de Huelva en relación a una documentación del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) – antiguamente conocido como PER- en una localidad del Andévalo que no ha trascendido.
Algunas de las contrataciones realizadas por la Diputación Provincial de Huelva con cargo a los fondos del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), que gestiona la institución provincial, gobernada por el PSOE, se encuentran en el punto de mira desde este viernes, cuando los agentes de la Guardia Civil han irrumpido en las instalaciones para efectuar el registro.
Pese a que la investigación es secreta y fuentes del Instituto Armado se han limitado a indicar que la intervención respondía a que «por mandato judicial, se ha ido a solicitar una serie de documentación», ya parece confirmado que la investigación parte de la denuncia de un particular sobre un supuesto fraude en estas contrataciones ante el juzgado de Instrucción número 2 de Valverde del Camino, que es el que habría ordenado los registros.
Según han informado desde el ente provincial, la actuación parte de una denuncia en el juzgado de Instrucción número 2 de Valverde del Camino y en relación a la documentación de este programa en un municipio del Andévalo onubense.
Así, los agentes, que han impedido la entrada de los trabajadores a primera hora de la mañana, se encuentran recopilando información de expedientes correspondientes a dicho programa en esta comarca.
La operación está bajo secreto de sumario del juzgado que ha ordenado este registro, si bien no está previsto que haya detenciones. Según la Cadena Ser, los agentes buscan documentación de contratos fraudulentos de fondos agrarios, tras una denuncia presentada por UPyD.
Por otro lado, se está llevando a cabo un registro también en las oficinas del Servicio Estatal Público de Empleo, ubicado en el barrio de Pescadería.
Las irregularidades afectarían, según las primeras informaciones, a contrataciones llevadas a cabo con cargo a los fondos del PFEA en municipios de la comarca del Andévalo