Los Duques de Palma estaban a la espera de obtener el pertinente permiso judicial para cerrar la venta del polémico palacete de Pedralbes. La Infanta Cristina e Iñaki Urdangarín precisaban de este consentimiento para vender el inmueble debido al embargo judicial que pesa sobre todas las propiedades del yerno del Rey Juan Carlos. Tras las dudas que pesaban sobre si esta operación podría sucederse, el juez Castro ha permitido al matrimonio cerrar el trato.
El pasado 17 de enero, el interesado comprador de la casa, el abogado Miguel Bernardo Terrasa, nada más y nada menos que un antiguo colaborador de Urdangarín en el proyecto Juegos Europeos, firmó junto con los duques un contrato de arras, es decir, un acuerdo jurídico que reserva el derecho sobre la vivienda mediante el pago de una cantidad. De esta manera, el abogado pagaba 300.000 euros, de los 6.950.000 euros que ha acordado pagar por el inmueble, dinero que se le devolvería si la venta no saliera adelante por el embargo judicial.
Castro ha dictado un auto en el que levanta el embargo existente sobre la vivienda para que la operación pueda materializarse, siempre que los duques asuman formalmente la condición de consignar en el juzgado los 2,3 millones que obtendrán tras cancelar la hipoteca pendiente y abonar gastos de la compraventa y deudas fiscales.
Sobre los duques de Palma, que serán juzgados por diversos delitos en el caso Nóos, pesan fianzas de responsabilidad civil de 13,6 millones de euros, en el caso de Urdangarin, y de 2,7 millones de euros para la infanta Cristina.
