El Tribunal Supremo ha abierto una causa contra los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, en relación con el caso de los ERE irregulares. El Supremo ha decidido aceptar la tesis de la Fiscalía de separar el caso general, en contra de la posición defendida por la juez Mercedes Alaya.
Los exmandatarios autonómicos serán investigados por su responsabilidad cuando la Consejería de Empleo andaluza dispuso, supuestamente sin control, de hasta 855 millones de euros de 2000 a 2012, dinero que, en teoría, estaba destinado al pago de ayudas y subvenciones.
Indicios consistentes
En su auto, los jueces hacen constar que, en este momento procesal, le corresponde exclusivamente a la Sala Segunda del Alto Tribunal verificar si en la exposición motivada que le ha sido reenviada por Alaya se consignan hechos que, «según una valoración muy provisional, pudieran ser delictivos». También se analizará «si existen indicios consistentes» contra Chaves o Griñán o si contra ellos había «principios de prueba de la participación» en el ‘caso de los EREs’.
De lo expuesto, el Supremo indica que en la exposición razonada remitida por Alaya resulta indiciariamente que, en la Junta de Andalucía existió de 2000 a 2012 un «sistema» para pagar ayudas desde la Consejería de Empleo «sin sujetarse al procedimiento y controles propios de las subvenciones, a pesar de que esa era la naturaleza jurídica de las referidas ayudas».
Este sistema permitió disponer de «importantes cantidades de dinero ascendentes», hasta 855 millones de euros, para pagarse ayudas y subvenciones
Con el informe favorable de la Fiscalía, la Sala de lo Penal del Supremo ha asumido también la investigación sobre los exconsejeros José Antonio Viera y Gaspar Zarrías, en su calidad de diputados del Congreso; y de la también exconsejera de Andalucía Mar Moreno y del expresidente José Antonio Griñán, en su calidad de senadores.
La jueza de Sevilla Mercedes Alaya «preimputó» a los cinco cargos con aforamiento nacional y les otorgó el mismo derecho que los imputados en los procedimientos penales. Sín embargo, la fiscalía del Supremo se mostró partidaria en el dictamen elaborado en colaboración con Anticorrupción con que la competencia sobre su investigación corresponde solo al alto tribunal.
La posición del PSOE
La semana pasada, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, afirmaba que no tenía ninguna duda de la «honestidad y honradez» de su antecesores en el cargo, José Antonio Griñán y Manuel Chaves, y se mostraba convencida de que «más temprano que tarde se va a esclarecer la verdad», en referencia al caso de los ERE en Andalucía.
Tras señalar que no le «tiembla el pulso», en alusión a la medida anunciada de que las personas imputadas en su partido tendrán que dejar el escaño, subrayó que «quien no tiene nada que temer, no tiene nada que ocultar», y ha recalcado que el PSOE «lleva en la médula la honradez y nadie le va a dar lecciones».
Manuel Chaves siempre ha afirmado que «no tenía confianza» en la juez Alaya y ha criticado las interferencias políticas del caso ERE.
El encausamiento de Chaves y Griñán, además de la de los otros tres dirigentes socialitas, entre ellos Gaspar Zarrias, es un paso previo a la imputación, un estadio que dependerá de las investigaciones y de la última palabra del Alto Tribunal.
