En Barcelona, el titular del Juzgado de Instrucción número 3, ha admitido a trámite la denuncia presentada por UPyD este domingo contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y los consellers de Educación, Irene Rigau, y de Interior, Ramón Espadaler, por delitos de «desobediencia, prevaricación y omisión del deber de perseguir delitos«. En un auto hecho público este domingo por la tarde, el juez acepta otras dos denuncias de particulares, uno de los cuales se ha identificado como miembro del partido PxC.
El magistrado ha rechazado, sin embargo, las medidas cautelares que pedía UPyD para cerrar lo locales públicos de la consulta y retirar las urnas; ha delimitado las responsabilidades penales, de haberlas, a la Generalitat y a los funcionarios públicos; y ha exonerado a los ciudadanos que se están limitando a expresar libremente un «sentimiento» o una «opinión».
Así pues, el titular del juzgado considera que las conductas que puedan tener trascendencia penal «deben ser y serán investigadas» por los órganos judiciales que sean competentes, pero añade que «lo cierto es que las medidas cautelares que se interesan no guardan proporcionalidad y no aparecen en este momento razones de urgencia o relativas al orden público que aconsejen su adopción».
