El Gobierno defiende que su gestión del fondo de reserva de la Seguridad Social está siendo «eficiente» pero no cuantifica cuánto dinero será aún necesario sacar de la llamada ‘hucha de las pensiones’ en lo que queda de año
El pasado mes de julio fue necesario disponer de 500 millones de euros para abonar la paga extraordinaria de verano a los jubilados.
Esta ha sido la respuesta realizada a las preguntas parlamentarias del portavoz económico de UPyD en el Congreso, Álvaro Anchuelo, y al diputado de Compromís-Equo, Joan Baldoví, preguntas que claramente manifiestan su inquietud por las disposiciones que en los tres últimos ejercicios se han realizado de este fondo sin poder compensarlas, a causa del déficit de ingresos que presenta la Seguridad Social.
El gobierno de Rajoy reconoce estas disposiciones de efectivo en los últimos años, pero recuerda que se está utilizando el fondo «para lo que fue creado», «atender las necesidades en materia de prestaciones contributivas originadas por desviaciones entre ingresos y gastos de la Seguridad Social».
Es por ello, por lo que el gobierno defiende que las disposiciones económicas de la «hucha» que se realizaron en julio fue porque se «juntan el pago de la nómina ordinaria, la paga extraordinaria de verano y la liquidación del IRPF, lo que conlleva una «importante necesidad de financiación» para la Seguridad Social, que inicialmente se cifró en 1.000 millones de euros pero que finalmente quedó reducido a 500 millones por «la buena evolución de los datos de recaudación de junio y los provisionales de julio».
Tras esa disposición de julio de 500 millones de euros, y a fecha 5 de septiembre, el Fondo de Reserva acumulaba, según el Gobierno, es de 49.597,86 millones de euros, lo que equivale a casi un 5% del PIB. Por lo que,siempre según el Gobierno, «su evolución vendrá condicionada por la evolución de los datos de la afiliación y de las cotizaciones sociales por un lado y de la evolución del gasto en pensiones por otro».
Asimismo, el Gobierno dice que recurrirá a la «hucha de las pensiones por los importes y en los momentos necesarios para asegurar el cumplimiento de las obligaciones del pago de pensiones». Y añade que hoy por hoy «no es posible realizar una proyección temporal de utilización» .
El Ejecutivo, no obstante, mantiene y defiende que su gestión está siendo «eficiente», ya que pese a las disposiciones realizadas, la reducción de la recaudación y el aumento del gasto sigue contando con recursos suficientes, es por ello, por lo que el Gobierno no prevé modificar su política de inversiones, que se centraran en deuda pública, es decir, en «activos emitidos por personas jurídicas públicas españolas y extranjeras, de calidad crediticia elevada y un significativo grado de liquidez».
