El Gobierno pretende que el Portal de la Transparencia pueda estar a punto el próximo mes de diciembre, con la idea de que todos los ciudadanos podrán acceder al mismo para consultar los datos que la Administración General del Estado tiene que hacer públicos en aplicación de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno
Este portal está controlado por la Oficina de Transparencia, constituida el pasado verano, se iniciaron hace unas semanas, tras haber realizado, en colaboración con todos los departamentos de la Administración, el volcado de los datos que la Ley de Transparencia obliga a publicar a partir del próximo 10 de diciembre.
El portal, dependiente del Ministerio de la Presidencia, facilitará el acceso de los ciudadanos a toda la información administrativa de obligatoria publicación, así como a aquella que sea reclamada con mayor frecuencia.
La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 10 de diciembre de 2013, pero entonces sólo entró en vigor la parte relativa al Buen Gobierno, al día de hoy, y tras casi un año, todavía no se ha puesto en marcha
El próximo 10 de diciembre entrará en vigor todo lo relativo a la transparencia de la actividad pública, la publicidad activa y el derecho de acceso a la información pública de la administración estatal.
El pasado viernes el Consejo de Ministros aprobó el real decreto del Estatuto orgánico del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el órgano encargado de garantizar el cumplimiento de las nuevas obligaciones.
Según la disposición final séptima de la Ley de Transparencia ese real decreto tendría que haberse aprobado tres meses después de la publicación de la norma, es decir, el 10 de marzo de este año. Sin embargo, el Gobierno decidió postergar su aprobación alegando que no tenía sentido crear el órgano sin nombrar a su presidente ni pagar sus retribuciones nueve meses antes de la entrada en vigor de la ley por cuyo cumplimiento tiene que velar.
Así, en las próximas semanas se procederá al nombramiento de la persona que se elija para presidir este consejo. Su nombre lo propondrá el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, tendrá que someterse a un examen en el Congreso y ser elegido por mayoría absoluta. Se le nombrará por cinco años y después no podrá renovar en el cargo.
Además, el Gobierno continúa trabajando en el Reglamento de desarrollo de la ley, que concretará aspectos relativos a la información pública, como la publicidad activa referida a las consultas de los ciudadanos.
