La alarma social o las próximas elecciones con partidos nuevos a los que las encuestas auguran buenísimas perspectivas, entre otros variados temas, han ocasionado que se ponga en marcha un «ataque» a la corrupción política protagonizado por la «fiscalía anticorrupción».
Después de «aguantar» aforamientos que han ocasionado archivos de causas (Pepiño Blanco o Barcina, no Matas -entonces-), es decir, impunidad, aparecen casos de corrupción no ya sólo de dietas o tráfico de influencias o tarjetas bancarias para los millonarios gastos VIP, sino de entramado político-empresarial «criminal», en el que está inmersa LA clase política, porque en este tema de corrupción, estamos comprobando, que no hay «colores ideológicos».
Pero lo que hoy trae a escribir este editorial es la casualidad (dicen que no existen casualidades) irónica y paradójica de dos noticias, cuando menos, preocupantes y anticipadoras de un futuro próximo: Granados va a la cárcel «por delitos» contra Hacienda Pública a petición de la «fiscalía anticorrupción» y Matas, en prisión (eso sí, en régimen abierto) por hechos similares, queda en libertad. Sin el indulto que solicitó al gobierno, pero sí se le ha concedido el tercer grado.
No sé pero estos casos, junto con los ya conocidos, apuntan mal.
Mientras las promesas se las lleva el viento y sólo quedan en titulares, mientras corren ríos de tinta sobre corruptos y sus cantidades indigentes e indignas de dinero a la espera de una justicia que sigue sin ser independiente, desde el gobierno nos participan de las «duras» medidas contra la corrupción que prometió Rajoy (después de pedir «perdón») serían aprobadas en el Consejo de Ministros de ayer: Creación de «casi 300 plazas de jueces y un consejo de Transparencia para que se cumpla la Ley de Transparencia».
«Cuan largo me lo fiáis, amigo Sancho»
Directora NI
