A comienzos de febrero de 1931, se dio a conocer el manifiesto fundacional de la recién creada Agrupación al servicio de la República. Lo firmaron José Ortega y Gasset, Gregorio Marañón y Ramón Pérez de Ayala. De su propuesta de regeneración de España antes del golpe de 1923 se ha hablado en esta serie de Domingos con Historia. De su actitud ante la evolución de la Dictadura, también narrada en estas páginas, podremos considerar el valor de una proclama que, evidentemente, no procedía del ajuste apresurado de posiciones ni de la búsqueda de espacios de promoción personal. De hecho, el documento señalaba que, al no ser políticos profesionales, habían esperado en vano a que algún dirigente con mayor talento estratégico realizara una convocatoria ciudadana de semejantes características. De la distinta suerte corrida por los firmantes tras el estallido de la guerra civil, puede deducirse cómo se frustró la amplia esperanza de reunir a los españoles en un proceso de democratización que se atuviera al respeto a la ley, el compromiso patriótico y la cohesión social basada en la justicia.
Sorprende la enorme actualidad de las palabras publicadas por estos hombres eminentes. Conmueve, en estos días difíciles para la salud política de los españoles, la serena defensa de un gran objetivo de regeneración, concretado en el afán por levantar entre todos un Estado verdaderamente nacional. La queja de los tres intelectuales va dirigida contra el régimen de la Restauración que no ha sabido o no ha querido ser el gobierno de todos, entregando la representación institucional y la autoridad política a intereses parciales. Y tiene como destinataria, así mismo, a la Monarquía, desahuciada ya para canalizar el esfuerzo de modernización que España necesita. Pero lo que resulta más impresionante del manifiesto republicano es su aliento cívico, fruto de una envidiable conciencia nacional, de un espíritu crítico que denuncia las condiciones de postración en que se encuentra el país, y exige resolverlas desde la afirmación rotunda de un patriotismo juicioso, alejado de la pompa vocinglera, la melancolía folclórica o la soflama triunfalista declamada para excitar los ánimos reaccionarios
En penosa comparación con algunas de las cosas que se leen o escuchan estos días atendiendo a la impugnación de España analizada como si se tratara de un asunto que solo incumbe a la normativa constitucional, las páginas del manifiesto defienden, con el rigor del científico Marañón, la pulcritud reflexiva del filósofo Ortega y la fuerza narradora del novelista Pérez de Ayala, una desacomplejada idea de España. “Nosotros creemos que ese viejo Estado tiene que ser sustituido por otro auténticamente nacional. Esta palabra “nacional” no es vana; antes bien, designa una manera de entender la vida pública.” Saliendo al paso de las novedades ruinosas del bolchevismo y el fascismo, que acecharían pronto los dos flancos de la vida política española, se reprochaba a ambas corrientes, salidas de la crisis europea de la Gran Guerra, haber olvidado que “un pueblo es una gigantesca empresa histórica, la cual sólo puede llevarse a cabo o sostenerse mediante la entusiasta y libre colaboración de todos los ciudadanos unidos bajo una disciplina, más de espontáneo fervor que de rigor impuesto.”
Una empresa nacional. Con qué extraña rareza suenan ahora unas palabras que tres de las mejores plumas de la cultura española dirigían a un pueblo que deseaban constituir en comunidad política con plena madurez. Qué insólito vigor sostiene aún la plena actualidad de un llamamiento para agitar la conciencia cívica de los españoles. Que rara convicción prende en una convocatoria sin estridencia, sin trampas mitológicas, sin sarpullidos sentimentales. Qué profunda confianza en España, como tradición viva, como proyecto legítimo de vida en común, como futuro a la espera, se manifiesta en un mensaje que quiere provocar la movilización del pueblo en la tarea de “levantar nuestro país hasta la plena altitud de los tiempos.” España se presenta a ojos de los firmantes como ambición democrática, como horizonte de integración de todos, como voluntad de trabajo colectivo. España no es un orden jurídico, sino la comunidad capaz de dotarse de un Estado nacional. Y nacional significa la capacidad de incluir a todos, en “la tarea enorme e inaplazable de remozamiento técnico, económico, social e intelectual que España tiene ante sí.” El entramado constitucional adecuado llega después, tras haber afirmado la existencia de una nación que ha de ofrecer la legalidad que garantice los derechos de todos, que aliente la colaboración de todos, que exija el compromiso y la buena fe de todos.
Para Ortega , Marañón y Pérez de Ayala, la República era ya el escenario indudable en el que este objetivo nacional podía realizarse. No era una simple propuesta de organización de un régimen parlamentario, sino el empeño por conseguir que una nueva legitimidad despertara “en todos los españoles, a un tiempo, dinamismo y disciplina, llamándolos a la soberana empresa de resucitar la historia de España.” Tiempos difíciles, tiempos de desconcierto que demandaban poner la más exigente sobriedad del lenguaje al servicio de la más ambiciosa voluntad nacional. Hoy, ya no se habla así, quizás porque ni siquiera se piensa de este modo. Ante las jaculatorias disgregadoras de unos y la timidez leguleya de otros, que aturden a los españoles en los momentos decisivos que ahora vivimos, siempre quedará la dignidad conmovedora de este documento. Aquella Agrupación al servicio de la República lo era también al servicio de una idea de España. Al servicio de un verdadero pueblo que reclamara sus derechos. Al servicio de una verdadera nación que exigiera un Estado a su medida.
Fernando García de Cortázar, Director de la Fundación Dos de Mayo, Nación y Libertad y Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Deusto (ABC)
