Todos recordamos el «caso de las cajas», también la de Caja Navarra ya desaparecida por la gestión de los políticos que se encargaron de ello.
Mientras la sociedad navarra no sabía nada, nada pasaba y las dietas iban a los bolsillos de los políticos sin más. Pero en el momento en que fue público y publicado, las cosas cambiaron. Los navarros fueron partícipes de las primeras causas de corrupción y mala gestión de los políticos que a cambio de ello se embolsaban grandes cantidades de euros (antes pesetas). De un partido y de otro.
Se inventaron una junta que no estaba prevista ni en los estatutos de CAN ni en otras normativas. Sólo estaban cinco personas y las cinco, incluida la presidenta del gobierno y el director general de CAN, miembros del ejecutivo foral. Tal y como se constató se reunían sin orden del día, varias veces con un mismo tema… y por cada reunión unas dietas de 3.000 euros.
En su defensa la propia Barcina afirmó con contundencia que «un alicatador cobra ése dinero», que aquello era «en tiempos de bonanza» o que la culpa era de la «prensa» (publicado en Vanity Fair). Declaraciones impropias para una mandataria, más cerca de la prepotencia que de la responsabilidad. La imputación era inminente y el aforamiento hizo que su «causa» se llevara al Tribunal Supremo. Tribunal que archivó la causa de Barcina, sí, pero también la de José Blanco, Pepiño.
En la memoria colectiva quedan estas andanzas y estas actuaciones, pero lo que sorprende ahora, después de la pérdida de la principal entidad financiera de Navarra, es que irónicamente coincida la recepción del nuevo presidente del Tribunal Superior de justicia de Navarra (TSJN) con la decisión de la Audiencia Navarra de no reabrir el caso de la CAN.
Sea como fuere, la indefensión social ahí está y queda frente a la impunidad, el aforamiento y el poder.
Por cierto, ¿por qué ningún político navarro arremente, rechaza y pone encima de la mesa el despropósito del enriquecimiento y gasto de las Tarjetas B o tajetas negras de Bankia?
Directora NI
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