El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, propuso el sábado «tarjeta roja directa» para los consejeros que usaron las visas «opacas» en Caja Madrid, entre los que hay 16 cargos vinculados con el PSOE. El partido ha abierto expediente a esos 16 exdirectivos socialistas, entre ellos el exministro Virgilio Zapatero que espera cerrar esta misma semana. La conclusión será la expulsión provisional de los afiliados.
El PP, por su parte, incoará también esta semana el expediente informativo a los 16 afiliados de la formación que están implicados en el presunto uso fraudulento de las tarjetas, entre los que figura el exdirector gerente del FMI y expresidente de Bankia, Rodrigo Rato.
La investigación del presunto fraude cometido por los consejeros y directivos de Caja Madrid y Bankia, a través de tarjetas de crédito a las que cargaron más de 15 millones de euros al margen del circuito ordinario, ha llevado ya a la imputación de los expresidentes de la entidad financiera Rodrigo Rato y Miguel Blesa y de la “mano derecha” de este último, Ildefonso Sánchez Barcoj.
Por lo que se refiere al PSOE, el exrector de la Universidad de Alcalá de Henares y exministro socialista de Relaciones con las Cortes, Virgilio Zapatero, indicó este fin de semana en un comunicado que había devuelto “de manera totalmente voluntaria” los gastos generados por la tarjeta corporativa de Caja Madrid que tenía asignada.
Zapatero precisó que, según sus datos, dichos gastos ascendieron a 27.980,76 euros y que antes de salir de la Caja, en mayo de 2012, hizo la liquidación con dos transferencias desde su cuenta corriente a la tarjeta corporativa, el 24 de mayo de 2012 por importe de 6.462,65 euros y de 4.804,71 euros, respectivamente. Añadió que existe también un tercer ingreso, del que no aparece referencia, con una transferencia del 11 de junio desde su cuenta corriente a Caja Madrid por un importe de 16.697,95 euros. Virgilio Zapatero manifestó que, por razones que desconoce, no se hizo constar dicho ingreso y que, en caso de que los gastos de su tarjeta corporativa durante aquellos tres años fueran de 36.000 euros, según apunta la auditoría dada a conocer, devolverá la diferencia “por el mismo procedimiento y por las mismas razones”.
En cuanto al PP, del total de 86 directivos y consejeros de Caja Madrid que utilizaron presuntamente esas tarjetas para gastos personales por valor de más de 15,2 millones de euros entre los años 2003 y 2012, un total de 28 fueron nombrados a propuesta de este partido. Sin embargo, Génova solo puede tomar medidas contra aquellos que tienen carnet de afiliados que son, en total, otros 16.
El Comité de Derechos y Garantías del PP que preside Alfonso Fernández Mañueco tiene previsto celebrar esta semana, previsiblemente el miércoles 15, su primera reunión, en la que se designará a un instructor encargado de la investigación de este caso y ante el que tendrán que dar explicaciones los afiliados afectados. Pero antes de empezar formalmente los trámites de este expediente es necesario elegir a un nuevo secretario del Comité de Derechos y Garantías, después del fallecimiento a finales de agosto de Carlos Argos, –uno de los fundadores de Alianza Popular junto a Manuel Fraga– que ocupaba ese cargo.
El expediente puede conllevar la expulsión
El plazo de tramitación del expediente no podrá exceder los dos meses desde su inicio, si bien por “circunstancias excepcionales”, podrá ser prorrogado por otro mes mediante resolución motivada de instructor que deberá aprobar el Comité de Derechos y Garantías, según consta en los Estatutos del PP. Este expediente informativo, que se realizará de forma paralela a la investigación de la Agencia Tributaria, podría conllevar como sanción la expulsión del partido si “se aprecia una posible actuación contraria a los Estatutos”, según la nota de prensa difundida este miércoles por el PP.
Hace una semana, en el marco de la XXI Interparlamentaria que el PP celebró en Guadalajara, la dirección Nacional del PP ya avanzó que actuaría “en consecuencia” si quedaba demostrado que algún militante del partido había cometido fraude con el uso de las ‘tarjetas opacas’ en Caja Madrid. Dado que también hay abierta una investigación judicial en la Audiencia Nacional, fuentes del PP no ocultan que pueden encontrarse con dificultades a la hora de tramitar los expedientes abiertos por ‘Génova’.
Rato, entre los afectados
Entre los implicados figura Rato, que llegó a ser vicepresidente del Gobierno con José María Aznar durante dos legislaturas. Precisamente el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha citado a declarar a Rato como imputado el día 16 de octubre tras abrir una pieza separada en el caso Bankia para investigar los hechos relacionados con la existencia de las ‘tarjetas B’ en Caja Madrid. Según se deduce de los extractos bancarios que investiga el juez, Rato sacó un total de 16.300 euros del cajero utilizando su ‘tarjeta B’ durante los tres últimos meses que permaneció al frente de la entidad. Esa documentación revela que coincidiendo con la fusión que dio origen a la entidad, cargó 1.849 euros en clubs y discotecas durante cuatro días consecutivos.
En los últimos días, algunos cargos implicados en este caso han dejado sus responsabilidades en el partido. Tal es el caso de Beltrán Gutiérrez, que era gerente del partido en Madrid; Manuel José Rodríguez, que ocupaba el cargo de gerente de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Boadilla del Monte (Madrid); Pablo Abejas, que era director de Economía, Estadística e Innovación Tecnológica del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Otro de los afiliados del PP que tendrá que dar explicaciones ante el Comité de Garantías del partido es el director del Departamento de Telegenia del partido, que aparece en la lista de cargos de Caja Madrid que habrían dispuesto de una ‘tarjeta B’, con un gasto que ascendería a 8.000 euros entre 2010 y 2012. En declaraciones a Europa Press, Rábago aseguró que solo usó su tarjeta de Caja Madrid para gastos de representación propios de su cargo como miembro de la Comisión de Control de la entidad financiera, sin que hubiera “ningún tipo de ánimo de lucro o de abuso”. “He hecho un uso correcto. No hay ningún gasto que haya hecho mal”, se defendió.
Al ser preguntado si la dirección nacional del PP le ha solicitado que presente su dimisión –como hizo este lunes con el gerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez–, Rábago señaló que nadie le ha dado ninguna indicación en ese sentido porque él “explica las cosas”. “Soy transparente”, dijo, para añadir que le avala su trabajo durante muchos años en el partido y que está sufriendo una “criminalización absoluta” por este caso.
