El presidente de la Generalitat Artur Mas, dio este jueves un paso más en su estrategia política y jurídica frente al Gobierno de Mariano Rajoy y firmó el decreto de nombramiento de los siete miembros que integrarán la comisión de control de la ley de consultas.
A última hora de ayer, Mas realizó un gesto que, según sus colaboradores, reafirma su determinación de seguir adelante con la consulta: firmó el decreto de nombramiento de los siete miembros de la Comisión de Control de las consultas populares elegidos el miércoles por el Parlament.
Según diferentes juristas, si no existe cláusula específica que determine el día de la entrada en vigor, se aplica la ‘vacatio legis’, y la regla general es que la vigencia de las normas arranca a los veinte días de su publicación. Sin concretar la entrada en vigor del contenido, puede evitarse que se considere un acto de desobediencia. Más aún cuando los miembros de la Comisión deben tomar posesión del cargo y constituirse como tal. Lo que sí permite es preservar la unidad política y, a fin de cuentas, ganar tiempo.
Los integrantes de la comisión de control son: Mercè Barceló, catedrática de Derecho Constitucional de la UAB; Joaquim Brugué, catedrático de Ciencia Política de la UAB; Alfonso González, doctor en derecho de la Universidad Rovira i Virgili; Miquel Martín, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Girona; Jordi Matas, catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Barcelona, así como Marc Marsal y Benet Salellas, licenciados en derecho.
No se trata de un puro trámite burocrático, porque buena parte del articulado de esa ley, así como del decreto de convocatoria de la consulta soberanista del 9 de noviembre, están suspendidos desde la tarde del lunes por el Tribunal Constitucional. Por tanto, el decreto de nombramiento que el jueves firmó Mas supone desarrollar una ley que está suspendida. Eso le coloca en la tesitura de incurrir en algún tipo de responsabilidad judicial, según coinciden en señalar diversos juristas.
Con todo, el nombramiento de la comisión de control no es efectivo ni vigente hasta que no sea publicado en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). El consejero de la Presidencia, Francesc Homs, aseguró que esa publicación se producirá hoy viernes. Por tanto, no se repetirá lo ocurrido con la ley de consultas, que tardó ocho días en publicarse desde que la aprobó el Parlamento catalán, la tarde del viernes 19 de septiembre, hasta que fue publicada la mañana del sábado 27 de septiembre, unos minutos antes de firma del decreto de la convocatoria del referéndum sobre la independencia.
Tras la actuación del presidente de la Generalitat subyace con toda probabilidad el deseo de satisfacer las exigencias que le han venido expresando en los últimos días Esquerra Republicana, Iniciativa y la CUP, cuyos líderes aseguraban este jueves en el Parlament que no comprendían la decisión de la Generalitat de paralizar la campaña institucional del 9-N desde el mediodía del martes después de que el Constitucional suspendiera la ley de consultas. Los líderes de esos partidos ya mostraron este miércoles en la sesión de control su decepción con el Gobierno catalán por acordar esa suspensión.
Además de todo eso, Mas ha convocado para las once de la mañana de este viernes a los partidos soberanistas en el Palau de la Generalitat para dar cumplimiento a su promesa de reunirlos si se produjera la suspensión del Constitucional. Con la firma del decreto del jueves, Mas hace un guiño al soberanismo, en un intento de seguir manteniendo la unidad del bloque que defiende el 9-N.
El Gobierno estudiaba este jueves la respuesta al nuevo desafío de Mas. Durante todo el día, altos cargos y asesores de La Moncloa, el Ministerio de Justicia y la Abogacía del Estado estudiaron todos los escenarios posibles para tomar una decisión difícil: cómo enfrentarse jurídicamente a la decisión del Parlament de aprobar la creación de la comisión, antes de que Mas firmara el decreto. Fuentes del Gobierno señalaban que los expertos jurídicos no se ponían de acuerdo porque no estaba claro que la mera decisión del Parlament, sin un decreto del Gobierno, tuviera efectos jurídicos y por tanto pudiera ser recurrida.
Pero todas esas dudas quedaron despejadas por la noche, cuando Mas decidió firmar el decreto. En un primer momento el Gobierno oficialmente solo señalaba que estaba estudiando la respuesta, pero la opción más probable que se manejaba, y que con toda probabilidad anunciará hoy Soraya Sáenz de Santamaría, es dar las instrucciones a la Abogacía del Estado para que pida al Tribunal Constitucional que suspenda también este nuevo decreto de la Generalitat cuando sea publicado en el Diari Oficial de la Generalitat, informa Carlos E. Cue. El Gobierno insiste en que hay que esperar a este trámite antes de apelar al Constitucional.
Por el contrario, Homs se mostró convencido de que Mas puede firmar ese decreto y precisó: “siempre compromete firmar alguna cosa”, en alusión a las consecuencias que puede acarrear.
Los miembros de la comisión de control fueron elegidos por el Parlament el pasado miércoles, con el único voto de los partidos soberanistas (CiU, Esquerra, Iniciativa y la CUP), mientras que el resto de partidos no participaron en la votación. Algunos partidos que apoyaron los nombramientos advirtieron que se trataba de un trámite para ganar tiempo e insinuaron que Mas no firmaría el decreto. Sin embargo, el presidente de la Generalitat traspasó el jueves esa línea.
El decreto firmado razona en su preámbulo que Mas actúa así tras recibir la comunicación del Parlamento catalán por el que se designaba a los siete miembros de la comisión de control, un organismo que asumiría funciones equivalentes a una junta electoral en lo que se refiere a la ley de consultas que está suspendida.
“A los efectos de la vigencia correspondientes y en virtud de las facultades” que tiene atribuidas, razona el decreto, Mas decide nombrar a los miembros de la comisión. A falta de la publicación del decreto en el DOGC, el acto administrativo no se ha adoptado formalmente, insistían fuentes de la Generalitat.
La designación de los miembros de la comisión de control de la ley de consultas del Parlament se produjo tras un agrio debate político en el que los partidos no soberanistas (PSC, PP y Ciutadans) advirtieron con matices del riesgo de adentrarse en esa vía. Algunos de ellos consideraron incluso que los diputados podrían estar cometiendo un delito de desobediencia y de prevaricación.
Los servicios jurídicos de la Cámara elaboraron una nota en la que advertían que “el acto parlamentario de designación no es un acto que produzca plenos efectos, ya que es imprescindible el acto posterior de nombramiento para que los miembros de la comisión adquieran de forma plena y efectiva su condición legal”.
Hay que actuar contra Mas por desobediencia. De la misma forma que los independentistas han puesto a trabajar sin descanso a los servicios jurídicos del Parlamento y de la Generalidad en busca de cualquier resquicio que les permita seguir avanzando en su desafío separatista, el Estado debe actuar con prontitud y toda la firmeza.
Mas debe comprobar desde ya mismo que quien le echa un pulso a la democracia y a la nación española, lo pierde.