La Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural han convocado a los ciudadanos este martes a las 19.00 horas en los ayuntamientos de toda Cataluña para protestar contra la suspensión de la consulta soberanista del 9 de noviembre por parte del Tribunal Constitucional (TC). La primera manifestación en contra de la decisión del tribunal y a favor de la desobediencia civil tuvo lugar ayer frente a la sede de la Delegación del Gobierno de Barcelona.
El acto central se hará en la plaza de Sant Jaume de Barcelona, frente al Ayuntamiento y la Generalidad, y contará con la presencia de la presidenta de la ANC, Carme Forcadell, y la de Òmnium, Muriel Casals, según han informado ambas entidades en un comunicado conjunto.
Forcadell y Casals ha habían advertido de que la campaña unitaria ‘Ara és l’hora’ comenzaría el mismo día de la suspensión por parte del TC. De esta forma, una vez conocida la decisión del alto tribunal, la Assemblea Nacional convocaba a través de Twitter a todos los Catalanes a salir a la calle. En un segundo tuit de convocatoria, la Assemblea Nacional afirmó, «el Tribunal Constitucional ha decidido, nosotros también, mañana a las 19 horas comienza la campaña por el sí».
El coordinador general de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Josep Rull, ha manifestado que desde su partido apoyan las protestas convocadas para el martes ante los ayuntamientos por ANC, Òmnium Cultural y AMI, en contra de la decisión del Alto Tribunal.
Primera manifestación en Barcelona
La primera manifestación en contra de la decisión del Tribunal Contitucional tuvo lugar en la sede de la Delegación del Gobierno de Barcelona donde unas 300 personas se concentraron para pedir la desobediencia civil ante la suspensión de la consulta soberanista.
El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) acordó, tras poco más de una hora de reunión, admitir a trámite los dos recursos del Gobierno contra la ley de consultas catalana y el decreto de convocatoria del 9 de noviembre, lo que supone la suspensión automática de ambas disposiciones durante al menos cinco meses. El organismo ha salido al paso de la críticas y sorpresas surgidas por la rapidez con la que ha adoptado estas medidas asegurando que su decisión no se ha demorado porque es consciente de «la trascendencia constitucional y política de las cuestiones planteadas».
Ahora el Gobierno de Cataluña tiene un plazo de Gobierno de 15 días para personarse en el recurso presentado contra la ley, y otro de 20 días para personarse en el procedimiento relativo a la impugnación del decreto.
