El Rey Felipe VI ha decidido que los miembros de la Familia Real solo podrán desarrollar, con carácter exclusivo, actividades de naturaleza institucional
La Casa del Rey ha informado hoy lunes a los medios de comunicación de una serie de criterios de actuación decididos por Felipe VI y que afectarán a su familia y al personal de la Casa de Su Majestad, el órgano que le sirve de apoyo en el desarrollo de sus funciones constitucionales.
Desde la proclamación de Felipe VI la Familia Real ha quedado limitada a Don Felipe, Doña Letizia, los Reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía, la Princesa de Asturias y la Infanta Doña Sofía.
Las hermanas de Felipe VI, la Infanta Elena y la Infanta Cristina, ya no son miembros de la Familia Real, sino familia del Rey. En relación con ellas, Felipe VI ha decidido que, con carácter general, «no desarrollarán actividades de carácter institucional».
«El desarrollo ocasional» de representación por quienes no son miembros de la Familia Real (Infanta Elena, hoy imputada, e Infanta Cristina) «solo tendrá lugar cuando exista un encargo concreto del Rey, o cuando por la naturaleza o el lugar de la actividad y tras igual encargo, se requiera la correspondiente decisión aprobada por el Gobierno». En esos casos puntuales no cobrarán por participar en actividades institucionales.
Un portavoz de Zarzuela ha asegurado que el caso Nóos, que investiga los negocios presuntamente irregulares que emprendió Iñaki Urdangarin y en el que están imputado junto a su mujer, «no ha influido» en esta decisión.
Este modelo de doble dependencia en el caso de las Infantas se vio inadecuado, pero sobre todo quedó en evidencia con el estallido del caso Nóos. Con la decisión de Felipe VI, su hija menor, la Infanta Doña Sofía, no podrá trabajar en un futuro para ninguna empresa privada, como sus tías, y se dedicará en exclusiva a representar a la institución.
Así antes del 31 de diciembre de este año, Felipe VI se ha propuesto aprobar un régimen jurídico de los regalos recibidos por parte de los miembros de la Familia Real y un Código de Conducta para el personal de la Casa, que incorporará una serie de principios éticos que deberá seguir el personal de la Casa, al que se le aplica ya el régimen de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas.
Felipe VI quiere regular también el asesoramiento jurídico que pueda precisar la Casa del Rey para que esta labor la desarrolle siempre el servicio jurídico del Estado. Para lo cual, Zarzuela firmará un convenio de colaboración con la Abogacía General del Estado. Irá dirigido a dudas que surjan de la institución, y no afectará a los miembros de la Familia Real a título individual.
Al igual que Felipe VI ha nombrado a un consejero diplomático entre los miembros de su equipo, el monarca actual desea tener un interlocutor único en uno de los ámbitos de actuación de la Corona, el apoyo a la promoción de los intereses económicos españoles.
Felipe VI también ha decidido dotar de mayor transparencia a las cuentas de la Casa. Junto a la auditoría interna de las cuentas que se hace desde 2007, se hará a partir del ejercicio de 2015 una auditoría externa que correrá a cargo de técnicos de la Administración General del Estado.
Este informe externo se publicará de forma anual junto a la presentación de las cuentas de la Casa y la Memoria de actividades, han precisado desde la institución.
