El Consejo de Ministros aprobará hoy el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, después de haber incluido observaciones esenciales formuladas por los órganos consultivos y escuchado a organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional, Greenpeace e Intermon Oxfam, muy críticas con el texto inicial.
Fuentes del Ministerio del Interior han indicado que el anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, que ya fue sometido a deliberación para informe y consulta del Consejo de Ministros el pasado 29 de noviembre, vuelve siete meses después a esa mesa para su aprobación.
La ley de Seguridad Ciudadana inició su andadura con polémica por las sanciones que atribuía a numerosas conductas, dividiéndolas entre faltas muy graves (sancionadas con multas de entre 30.001 euros y 600.000 euros), graves (entre 30.000 y 1.000 euros) o leves (con multa de 100 a 1.000 euros).
El anteproyecto incluía, por ejemplo, multas de hasta 600.000 euros para las concentraciones no comunicadas frente al Congreso y para aquellos que grabaran o difundieran imágenes de agentes de las fuerzas de seguridas en el ejercicio de su trabajo si atentaban contra su honer y ponían en riesgo su seguridad.
El PSOE e IU calificaron aquel anteproyecto de «patada en la boca de la democracia» y el texto recibió numerosas críticas de organizaciones como Greenpeace, cuyos activistas han escalado este viernes el faro de Moncloa, en Madrid, en protesta por la futura ley que califican de «ley mordaza» y «antiprotestas».
Durante este tiempo, tal y como ha reiterado el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha sido informado por diversos organismo públicos, como la Agencia Española de Protección de Datos, el Consejo Fiscal, el Consejo General del Poder Judicial y finalmente el Consejo de Estado, así como varios departamentos ministeriales y la Federación Española de Municipios y Provincias.
