La portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, ha anunciado que el PSOE presentará un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros que incluye la reforma de 26 leyes que afectan a nueve ministerios
Asímismo, ha ofrecido al resto de la oposición sumarse a esta impugnación, habida cuenta de que todos los grupos, salvo el PP, han criticado esta norma que entró vigor el fin de semana.
Tanto en el debate que ha tenido lugar en el seno de la Diputación Permanente del Congreso como después, en declaraciones a los medios de comunicación, la dirigente socialista ha subrayado que el decreto ley es «claramente inconstitucional» porque «desborda los límites» que la impone la Carta Magna al uso de esta figura legislativa.
Así, ha destacado que el artículo 86 de la Constitución establece que el Gobierno sólo puede aprobar medidas mediante decretos leyes si éstas son de «extraordinaria y urgente necesidad» y que, además, éstos no se pueden utilizar para regular cuestiones que afectan a los derechos fundamentales incluidos en el Título I de la Ley de Leyes.
Según la portavoz del PSOE, el Gobierno ha incumplido todas estas condiciones porque lo que se aprueba con ese decreto podía esperar y, además, una de sus múltiples medidas afecta a un derecho fundamental, como es el derecho a la intimidad, habida cuenta de que, en virtud de la norma, la gestión de los datos personales de los ciudadanos que custodia el Registro Civil va a pasar a manos de los registradores mercantiles.
Por lo que ha insistido en que si el Gobierno se niega a tramitar este decreto como proyecto de ley permitiendo que los grupos presenten enmiendas al mismo, lo impugnarán ante el Alto Tribunal con el resto de grupos de la oposición que quieran sumarse.
También ha avisado de que este episodio parlamentario afecta a las negociaciones sobre regeneración democrática que el Gobierno tiene pendiente con la oposición. A pesar de que Soraya Rodríguez opina que «la agenda» de estas conversaciones sobre regeneración sólo es «un anuncio vacío» que responde a los intereses electorales del PP para asegurarse alcaldías en una coyuntura que se augura adversa, y ha querido dejar claro que no se deben modificar las leyes electorales con el apoyo de un único partido, como ha hecho María Dolores Cospedal en Castilla-La Mancha. «Sería un hecho gravísimo».
