La Justicia podría prohibir publicar informaciones sobre jueces presionados. De no aceptar la orden, ese juez podrá presentar una denuncia por un delito contra la Administración de Justicia.
Los magistrados critican el anteproyecto de su reforma y dicen que provocará el efecto contrario
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Gallardón ha presentado un anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) con el objetivo de agilizar la Justicia y reducir los tiempos de resolución de los asuntos para acabar con el «principal reproche» que, a su juicio, tienen los ciudadanos hacia la Administración de Justicia.
El anteproyecto de nueva ley orgánica del Poder Judicial, que sustituye por completo a la de 1985 e incorpora la reciente reforma del CGPJ y de la justicia universal, introduce numerosos cambios que afectan a los jueces, tribunales de justicia y aforados, entre ellos a algunos miembros de la Familia Real.
El proyecto para un nuevo modelo judicial elaborado por el Ministerio de Justicia reorganiza también importantes órganos judiciales como la Audiencia Nacional, en la que a partir de ahora serán tres jueces los que instruyan de forma colegiada las causas que investiga, desde el terrorismo a la corrupción y la delincuencia económica.
Esto supone en la práctica acabar con los ‘jueces estrella’ que llevan los asuntos más polémicos, como el ‘caso Gürtel’ o los ‘ERE’ de Andalucía.
Gallardón ha abogado por que un tribunal colegiado formado por tres jueces investigue las causas en las que concurran especiales circunstancias apreciadas por los «órganos de gobierno del Poder Judicial» como es el elevado número de personas implicadas, su extraordinario volumen, la duración o la complejidad del tema.
El ministro ha defendido que, para guardar «coherencia» con estos requisitos, todos los asuntos de la Audiencia Nacional deberán ser conocidos por un tribunal colegiado formado por tres magistrados en virtud de la gravedad e importancia de sus casos.
El Ministerio no prevé aumentar la plantilla y afirma que esa cuestión será desarrollada en la futura Ley de Demarcación y Planta. Además, cree que el anteproyecto de la LOPJ no es incompatible con el próximo Código Procesal Penal, que encomienda la dirección de la instrucción a los fiscales y será el texto que regule la acción popular.
El anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial permite al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ordenar a un medio de comunicación, un político u otro juez que deje de informar o hablar sobre el trabajo de un magistrado que sienta «perturbada» su independencia judicial. En caso de no ser atendido, el propio juez podrá presentar una denuncia por un delito contra la Administración de Justicia.
El anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) reorganiza el diseño de la Audiencia Nacional, no prevé aumentar la plantilla judicial e introduce exámenes psicológicos para detectar si los aspirantes sufren trastornos psicológicos, de personalidad o de conducta.
Gallardón propone que los aspirantes a jueces y fiscales a » un examen de aptitud psicológica» para evitar que «personas inidóneas se integren en la judicatura». «Se toman, sin embargo, las debidas precauciones a fin de que dicho examen psicológico no pueda ser subrepticiamente utilizado para controlar creencias o ideologías«, recoge.
«Una vez superada la oposición y el curso de selección en la Escuela Judicial, los alumnos se someterán a una prueba psicotécnica con la exclusiva finalidad de permitir la detección de trastornos psicológicos, de la personalidad o de la conducta que les incapaciten para el ejercicio de la función jurisdiccional», expone el texto, que amplía esta prueba a quienes quieran ingresar en la Carrera Fiscal.
