Fachada del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). EFE/Archivo
La Comisión Permanente del CGPJ aprueba por unanimidad la declaración institucional contra las declaraciones de la ministra Ribera sobre la resolución del magistrado García Castellón en el caso «Tsunami Democràtic”
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado hoy por unanimidad la siguiente declaración institucional en respuesta a las manifestaciones realizadas en una entrevista concedida a TVE en el día de hoy por el vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, en las que, con ocasión de una resolución jurisdiccional dictada por el magistrado Manuel García Castellón en la causa abierta en la Audiencia Nacional por un presunto delito de terrorismo contra algunos integrantes de “Tsunami Democràtic”, ha llegado a decir en referencia inequívoca al instructor:
“Tiene una implicación política importante y suele salir a colación en momentos sensibles… Hay algunas personas… que tienen cierta querencia por pronunciarse siempre en una misma dirección y en un momento particularmente oportuno frente a lo que suelen ser los pronunciamientos de otros compañeros dentro del ejercicio del poder judicial”.
Desde el más absoluto respeto al derecho de libertad de expresión, la Comisión Permanente considera imprescindible reafirmar que la actuación del Poder Judicial, institución esencial en toda sociedad democrática, persigue en todo momento el cumplimiento de la Ley y la defensa de los derechos reconocidos a todos los ciudadanos españoles, fundamento de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho.
La Comisión Permanente entiende que estas manifestaciones son contrarias al principio de lealtad institucional, al deber general de respeto a la independencia judicial inherente a un Estado de derecho consolidado e integrante de la Unión Europea, uno de cuyos valores esenciales es la separación de poderes, imprescindible para hacer realidad el valor Justicia, porque sólo unos jueces en los que sus conciudadanos confíen podrán prestar el derecho a la tutela judicial efectiva para la prevalencia de los valores comunes propios del Estado de Derecho.
La Comisión Permanente estima que estas manifestaciones, en cuanto merman la confianza de nuestros conciudadanos en la Justicia y contribuyen al deterioro institucional, merecen un rotundo rechazo, máxime si interfieren en una investigación en curso de los hechos.
Por eso, como el Consejo General del Poder Judicial ya ha hecho a lo largo del presente mandato con ocasión de otros pronunciamientos de miembros del Poder Ejecutivo en relación con actuaciones de los tribunales, esta Comisión Permanente apela a la moderación, prudencia y mesura y a la responsabilidad institucional para evitar la utilización política de la Justicia o el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad de los jueces y magistrados que integran el Poder Judicial.»
