Mons. Rolando Álvarez, detenido por el Gbno de Nicaragua. @ArzobispoSaiz
CIDH y OACNUDH urgen al Estado a liberar a Monseñor Rolando Álvarez, encarcelado en Nicaragua, y a garantizar sus derechos humanos
Al cumplirse un año de la detención arbitraria de Monseñor Rolando Álvarez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América Central y el Caribe Inglés (OACNUDH), condenan las continuas violaciones a sus derechos humanos, como la falta de acceso a la atención médica y a medicamentos esenciales, la incomunicación desde que se encuentra en el sistema penitenciario La Modelo y la limitación de las visitas de sus familiares.
Estos actos resultan contrarios a las obligaciones internacionales de derechos humanos asumidas por Nicaragua al ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, específicamente, en relación con la garantía a los derechos al debido proceso, a la libertad y a la integridad personal.
Monseñor Rolando Álvarez fue arrestado el 19 de agosto de 2022, luego de estar confinado más de 15 días con otras personas pertenecientes a la Iglesia Católica, sin acceso a alimentación ni a agua. La detención fue efectuada por la policía de forma violenta, y sin orden judicial, y fue puesto en condición de arresto domiciliar. El 13 de diciembre de 2022, fue presentado, por primera vez, en los juzgados de Managua, donde fue acusado por conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense.
El 10 de febrero de 2023, al día siguiente de negarse a ser deportado a los Estados Unidos por el Gobierno de Nicaragua junto con otras 222 personas, Monseñor Álvarez fue sentenciado sin juicio y sin garantías procesales, a 26 años de prisión, inhabilitación para ejercer cargos públicos y pérdida de los derechos ciudadanos de por vida, incluida la nacionalidad nicaragüense (estas dos últimas penas no previstas en la legislación nicaragüense). Fue condenado por los delitos de atentado contra la integridad nacional, difusión de noticias falsas y obstrucción de funciones agravada, desobediencia y desacato a la autoridad. También fue catalogado como «traidor a la patria». Desde esa fecha fue trasladado a la cárcel La Modelo y se encuentra incomunicado.
El 25 de marzo de 2023, Monseñor Álvarez recibió la única visita de sus familiares, donde se evidenció públicamente el deterioro de su salud y las condiciones carcelarias inhumanas en las que se encuentra.
El 13 de abril de 2023, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Monseñor Álvarez, tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos. El 28 de junio de 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a solicitud de la CIDH, le otorgó medidas provisionales y requirió al Estado informar sobre su situación y su liberación inmediata.
Desde 2022, tanto la CIDH como la OACNUDH han documentado el aumento de la persecución contra la Iglesia Católica en Nicaragua por hechos consistentes en la detención arbitraria, encarcelamiento y expulsión del país de sacerdotes y religiosas sin garantizar el debido proceso, así como la expropiación de sus bienes sin derecho a la interposición de recursos administrativos o judiciales, en contravención de las normas internacionales que protegen la libertad religiosa y la no discriminación por motivos de religión.
A la fecha, al menos 44 miembros de la Iglesia Católica fueron expulsados de forma arbitraria del país, 8 sacerdotes permanecen detenidos, 6 en el sistema penitenciario y 2 en seminario por cárcel. Diferentes colegios y Universidades vinculados con la Iglesia Católica han sido confiscados. El 9 de agosto de 2023, el Gobierno decidió congelar las cuentas bancarias e inmovilizar los bienes inmuebles de la Universidad Centroamericana en Managua (UCA), de propiedad de una comunidad católica. El 15 de agosto el Poder Judicial ordenó la incautación de todos los bienes muebles, inmuebles y cuentas bancarias de la UCA (Universidad católica Centroamericana de Nicaragua), bajo el argumento que, dicho Centro de Estudios, funcionó como un «centro de terrorismo, organizando grupos delincuenciales». A partir de esta fecha, todas las actividades académicas y administrativas han sido suspendidas, afectando el derecho a la educación, a la libertad de cátedra, a la libertad de expresión y al trabajo de un sinnúmero de nicaragüenses.
De igual manera, se ha recibido información sobre casos de represión y persecución contra otras religiones. Por ejemplo, la policía ha disuelto cultos protestantes en 6 ocasiones, y al menos 4 pastores habrían sido impedidos de ingresar al país. El Estado también ha cancelado organizaciones sin fines de lucro y confiscado una Universidad de naturaleza cristiana evangélica.
La Convención Americana y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconocen el derecho de todas las personas a la libertad de conciencia y religión, lo que conlleva la libertad de profesar y divulgar su religión y sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado. Al respecto, la CIDH y OACNUDH enfatizan que un espacio cívico abierto, libre y plural constituye una condición esencial para garantizar que las personas tengan la libertad de profesar, manifestar y practicar su religión o creencias sin discriminación.
Después de cinco años de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, instamos al Gobierno de Nicaragua a abstenerse de tomar acciones contra la libertad religiosa, y a cumplir sus obligaciones internacionales, mediante la liberación inmediata de Monseñor Rolando Álvarez y de todas las demás personas privadas arbitrariamente de su libertad.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU Derechos Humanos) forma parte de la Secretaría de las Naciones Unidas y su mandato está establecido en la resolución de la Asamblea General 48/141 de 1993. ONU Derechos Humanos, encabezada por la figura del Alto Comisionado, tiene el mandato de promover y proteger los derechos humanos de todas las personas y en todo el mundo. OEA (Organización de Estados Americanos)
