La exministra está imputada en el caso ERE por presunta prevaricación y malversación
a Audiencia Provincial de Sevilla ha anulado la fianza civil de 29.568.129 euros que la juez Mercedes Alaya impuso en marzo de 2014 a la exministra y exconsejera andaluza Magdalena Álvarez, imputada en el caso de los ERE de Andalucía.
Álvarez, que dimitió como vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) por su imputación en el caso, recurrió la fianza, que Alaya impuso por considerarla una de las artífices de un sistema ilegal de ayudas que perduró más de una década.
En un auto de la sección séptima de la Audiencia, al que ha tenido acceso Efe, se justifica la revocación de la fianza porque «no cabe decir que la instrucción haya avanzado lo suficiente como para entender necesaria y exigible» la medida adoptada por la juez.
La Fiscalía se adhirió a la petición de la defensa de la exministra y la Audiencia señala que no cabe recurso alguno contra la decisión adoptada respecto a la fianza ahora revocada.
En su auto, la Audiencia deja sin efecto las medidas que para cumplir la fianza haya podido adoptar el juzgado de Alaya, entre ellas el embargo en mayo de seis inmuebles y cinco cuentas bancarias de la exconsejera.
Una «compleja instrucción»
La Audiencia también subraya que «la compleja instrucción» sobre el caso «no solo apenas ha comenzado, sino que, además, se ha cortado o interrumpido (al menos, en cuanto a ese concreto objeto fáctico) al trasladarse a la Sala Segunda del Tribunal Supremo por razón de aforamiento de varios supuestos partícipes».
Añade la Audiencia que «prácticamente está por practicar una muy importante parte, al menos, de las diligencias instructoras de naturaleza personal».
El auto recuerda que el Supremo es «el órgano máximo de la cúspide jurisdiccional ordinaria, a quien obviamente no le puede resultar ajena una medida cautelar real» como la fianza que Alaya impuso a Álvarez, y que, si asume la competencia del caso, será el que tendría que adoptarla.
Las cantidades de las fianzas civiles se calcularon a «grosso modo» teniendo en cuenta la cantidad de las ayudas abonadas en el periodo que ocupó el cargo. Así, en el caso de Magdalena Álvarez, Alaya lo cifró en 177,4 millones de euros.
Prevaricación y malversación
Alaya la considera artífice, «en connivencia con otros», de un «procedimiento ilegal de concesión de subvenciones» que se prolongó entre 2000 y 2011, y señala que los hechos investigados podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos.
La fianza tenía como finalidad, según la juez, la devolución «en la medida de lo posible del dinero que de manera indiciariamente ilícita ha salido del erario de la Junta».
Magdalena Álvarez está imputada en este caso por presuntos delitos de prevaricación y malversación. La exconsejera de Economía desde 1994 hasta 2004 ha defendido siempre ante la juez la legalidad de las ayudas investigadas y la «transparencia» de su gestión al frente de la Consejería.
