Al aceptar a trámite los recursos del Gobierno, el TC suspendió cautelarmente por cinco meses la norma recurrida y el decreto de convocatoria. Ese plazo se cumplía en estas fechas, razón por la que los magistrados se han reunido para tomar una decisión definitiva.
La suspensión cautelar, que la ley prevé que se ponga en marcha de manera automática cuando se admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad del Gobierno si así lo pide el Ejecutivo, tiene una vigencia de cinco meses, de modo que se cumplía en estas fechas el límite a partir del cual el TC hubiera debido prolongarla o retirarla; en lugar de eso, ha optado por una resolución definitiva que cierra el procedimiento.
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