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Decretos vendo… y esperpentos obtengo, pero sigo siendo el rey

Reflexiono hoy desde un titulo que parafrasea el conocido dicho de “Consejos vendo, que para mí no tengo”, una costumbre que suele ser bastante común, por eso de que es más fácil “ver la paja en el ojo ajeno, que la viga en el propio”.

Llevamos una legislatura caracterizada por un “gobierno” a base de decretazos, la fórmula que más le gusta a este presimiente que nos ha tocado, y esta semana no iba a ser menos y tuvimos dos, a cual más polémico y absurdo. El Plan Anual Normativo para 2022 –un PAN como unas tortas, se podría decir–, elaborado por la Junta de Planificación y Evaluación Normativa de acuerdo con el R. D. 286/2017, recoge un total de 368 propuestas normativas, de los que 11 son leyes orgánicas, 81 leyes y 276 reales decretos.

El primero, con un “estrambote” que nada tenía que ver con el verdadero objeto de lo sometido a votación y que, como tantas veces, le gusta colar en sus decretos a este personaje. En esta ocasión era el martes cuando el Congreso votaba el decreto para ratificar la obligatoriedad del uso de las mascarillas en exteriores que, con matices, había aprobado el gobierno el pasado 23 de Diciembre. Una votación que presentaba sus dudas por realizarse varios días después de transcurridos los “treinta siguientes” que establece para ello la Constitución Española en su Artículo 86.2. Un decreto, además, que ya tenía poca consistencia en sí mismo por el cuestionamiento sobre su poco rigor científico y que recogía una “obligatoriedad” ausente ya en bastantes comunidades autónomas. Pero como este gobierno sólo quiere ganar como sea, para evitar negativas coló la actualización de las pensiones no contributivas de rondón, con lo que votar no a lo primero, significaba suprimir la paguilla compensatoria. Al final, se produjo la abstención de sus socios, para no votar no, con la advertencia –otro brindis al Sol– de BILDU de que “va a ser la última vez que ceden al chantaje del gobierno”. Y como prueba de lo absurdo del cuerpo principal del decreto, 48 horas después, la ministra de Sanidad, “Cantarina” Darias, anunciaba que el próximo martes se aprobará otro decreto en el “contubernio” de ministros para suprimir esa obligatoriedad de llevar el bozal en el exterior: “Se publicará en el BOE el miércoles y entrará en vigor el jueves”, decía con su “firmeza argumental” habitual.

El segundo puede calificarse como “de ida y vuelta”, ya que, tras un monumental escándalo, era derogado primero y “aprobado” con trampa después. En este caso, el decreto del jueves recogía la “reforma descafeinada”, acordada hace unos días con los agentes sociales, de la Ley 3/2012 de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral del Partido Popular. La proponía el gobierno en lo que no era sino otra manifestación más de la ruptura existente en su seno, ya que su socio y principales apoyos no la querían así. Recordemos que PSOE, Podemos y BILDU, para conseguir la abstención de estos últimos en la votación de la quinta prórroga del estado de alarma, habían firmado en Mayo de 2020 el “Acuerdo para la derogación íntegra de la reforma laboral de 2012”. Acuerdo que hizo público BILDU y que fue matizado a las tres horas de hacerlo, dejando en barbecho parte de lo suscrito por los tres firmantes: Adriana Lastra por el PSOE, Pablo Echenique por Podemos y Merche Aizpurúa por BILDU. Al parecer, la presidente del Congreso, Meritxell Batet, hacía caso omiso a la petición de subsanación de un posible error –o despiste– de un diputado del Partido Popular, que había votado telemáticamente y “el certificado emitido recogía lo opuesto a su intención de voto”, alegaba para ello. Algo posible, creo, si se solicita antes de que se dé paso a la votación, como aseguran que sucedió, y lo decide así la Mesa del Congreso. Pero la señora presidente se negó a que se reuniera la Mesa y después de decir “El decreto queda derogado”, volvía a intervenir, un minuto después, para decir que “Los servicios del Congreso me informan que el decreto queda aprobado”. Todo ello, ante la estupefacción de las dos vicepresidentas primera y segunda que acompañaban al jefe que, con un gesto de calma precedente a la segunda intervención de la Sra. Batet, volvió el disgusto en sonrisa, felicitaciones, aplausos y abrazos. ¿Qué sabía don “Pinocho” Sánchez para hacer ese gesto de tranquilidad a sus dos vice, entre frase y frase? Lo cierto es que, en principio, el decreto parece que se aprobó por un exiguo voto y ya veremos en qué quedan las reclamaciones realizadas por el Partido Popular y VOX, que pueden acabar en el Tribunal Constitucional o en el Supremo. Aunque ya sabemos la “extraordinaria rapidez” de ambas instituciones para resolver litigios. De nuevo, la Sra. Batet demuestra que su puesto le viene grande porque sólo piensa en socialista. Y vuelve a hacer “escarceos” con un posible delito de prevaricación, como ya hiciera cuando se resistía a cumplir la sentencia del TS sobre la inhabilitación del diputado podemita Alberto Rodríguez, que sólo atendió cuando el presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena, le “preguntaba” en su escrito qué parte de cumplir su sentencia no entendía.

Ante semejante despropósito, Carlos Herrera se preguntaba retóricamente el viernes: “¿Se puede gobernar un país con dos socios de la coalición enfrentados y con sus aliados, a más inri independentistas, en contra?”. Obviamente, la respuesta implícita sería que “no se podría”, si de gobernar se tratara, pero como de lo que se trata es de sentarse en el banco azul –de vez en cuando– y semanalmente en Moncloa, claro que se puede. Llevan haciéndolo dos larguísimos años y un mes ya, y me temo que nos queda casi otro tanto si, tras la euforia de la “aprobación”, es cierto lo que se atribuye a Falconeti: ”seguir hasta Febrero de 2024”. Dios no lo quiera.

Dicho lo anterior, y con todo el respeto que merece a priori cualquier individuo, el ya “famoso” diputado Alberto Casero, al que no tengo el gusto de conocer, no parece ser el más listo de la clase. ¿Qué se puede esperar de un personaje que lleva tres años calentando, sin pena ni gloria, el asiento del “hemicirco” –ahora nos hemos enterado muchos de que también fue senador–? Me atrevería a decir que, fuera de su grupo y de los próximos de su pueblo, Trujillo, del que fue alcalde –por cierto que de esa etapa, parece que es investigado por un presunto delito de prevaricación–, no lo conocía nadie hasta lo que pasó el jueves en la “votación” de la “contrarreforma” laboral citada? Claro que esa condición de “anonimato” no es exclusiva de este señor, sino que es bastante común a nuestros políticos parlamentarios, desconocidos para el 90% al menos –porcentaje generoso– de la población supuestamente representada por ellos. Porque, ¿cuántos ciudadanos de a pie, fuera de ese ámbito, es capaz de citar no ya a 35 diputados y a 26 senadores que representarían el 10% de las respectivas cámaras, sino siquiera a 10 o 15 entre las dos? Es más, ¿cuántos votantes, incluso del PSOE, sería capaz de citar a los 22 ministros que acompañan como comparsa a su elector? ¿Y cuántos de cada provincia sabrían quiénes encabezaron en ella las listas de las diferentes opciones políticas?

No voy a entrar en si se debió a un error suyo o a un fallo del sistema, que puede que de las dos cosas haya por lo que he leído, pero me surge una pregunta: ¿Qué “enfermedad” le impidió ir a votar presencialmente, que luego, contrastado que lo que aparecía era contrario a su voluntad, no fue impedimento para personarse en el Congreso? Me queda la duda de si sus señorías no son del todo rigurosas en los motivos de ausencia a una de sus pocas obligaciones serias como diputados, votar, supuestamente en conciencia, aunque más bien sea “disciplinariamente”. Del voto en conciencia de los dos diputados de UPN, Carlos García Adanero y Sergio Sayas, que comparto con matices, no me voy a extender hoy, pero surge la duda de la “propiedad” del escaño, un asunto muy discutible.

Y vuelvo con una pregunta que me he hecho muchas veces ¿a qué gabinete de recursos humanos encomiendan los partidos políticos la selección de nuestros “representantes”? Ya sé que es otra pregunta retórica, puesto que todos sabemos que su designación se debe al dedo elector del líder y su círculo más próximo y no precisamente por sus méritos académicos y/o profesionales sino al engrase de su bisagra y agilidad palmera en la mayoría de los casos. Y así nos va, porque la mediocridad que se ha venido instalando en la clase política, profesional o de principios y valores, salvo rarísimas excepciones, es lamentable y preocupante. Se puede esperar poco de unos partidos, los dos grandes, en los que su cantera procede de unas Nuevas Generaciones –como es el caso del citado Sr. Casero– o de las Juventudes Socialistas. Dos organizaciones en las que fundamentalmente aprenden el arte de trepar, en el mejor de los casos con un “titulito” que no han ejercido nunca o casi, que replican la estructura jerárquica del partido.  Pero lo triste es que se puede esperar menos aún de los “nuevos”, que venían a “regenerar la casta política y a acabar con la corrupción”. En su mayor parte, estos partidos los integran resentidos caídos de los dos grandes, oportunistas del río revuelto originado por los incumplimientos de los mismos y arribistas que se esmeran para colarse en alguna de estas formaciones. La característica principal que se percibe en la calle de lo que hoy ya es sin duda la “política profesional”, buenas prebendas y escasa o nula responsabilidad, invitan a ello. En frente, la negra y dura perspectiva que ofrece un mercado laboral que no necesita lo que en su mayoría producen unas universidades que crecieron irracionalmente en una política socialista de igualar por abajo, desterrando el esfuerzo y el mérito del currículum. Pero ese es otro tema.

No quiero terminar en negativo y lo voy a hacer con la esperanza de que, más pronto que tarde, muchos españoles reaccionen al grito de ¡Despierta España! Antes de que el letargo nos convierta en la Venezuela europea, que empezó así.

Antonio De la Torre, licenciado en Geología, técnico y directivo de empresa. Analista de opinión

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