Ocupaciones ilegales de viviendas por CCAA y la importancia de los derechos de propiedad, según indica Institución Futuro
En 2024, el número de denuncias por ocupación ilegal de inmuebles alcanzó casi los 16.500 casos en España (prácticamente 317 denuncias a la semana), lo que supone un incremento del 7% respecto al año anterior. Este tipo de denuncias ha mostrado una tendencia al alza en los últimos quince años, multiplicándose más de seis veces en este periodo, según indica el reciente informe del Instituto de Estudios Económicos (IEE) «El problema de la ocupación ilegal en España. Índice Internacional de Derechos de Propiedad (IIDP) 2024″.
El número de denuncias -que no deja de ser un valor aproximado del total de viviendas ocupadas (en muchos casos no se materializan denuncias y las estadísticas solo recogen las efectuadas por personas físicas)- varía sustancialmente entre regiones. En 2024 Cataluña fue donde se presentaba una mayor incidencia de este fenómeno, con 7.009 denuncias, lo que se correspondió con el 42,6% del total nacional, seguida por Andalucía con el 13,4% y por la Comunidad Valenciana con el 10,7%. En el extremo opuesto se encontraban La Rioja (0,58%) y Navarra (0,58%).
El IEE incluye en su estudio otro indicador a este respecto: el índice de ocupaciones ilegales en relación con el número de viviendas vacías. Según éste, Cataluña presenta la mayor incidencia en comparación con el total nacional, con un índice de ocupación de 391 (casi 4 veces más que el total nacional). Le sigue Madrid, con 180, el País Vasco (148), Baleares (113) y Murcia (108). Por otro lado, regiones como Galicia (11), Castilla y León (20) y Asturias (23) muestran una baja incidencia de ocupaciones en relación con su stock de viviendas vacías.
¿Por qué nos parecen relevantes los datos sobre ocupaciones? Porque, como bien indica el Instituto de Estudios Económicos, «Un sistema sólido de protección a la propiedad privada influye directamente en la evolución del PIB per cápita y en la asignación eficiente del capital. Un entorno seguro genera confianza para la inversión, fomenta la innovación y fortalece el emprendimiento, impulsando el desarrollo económico». En este sentido, contar con un marco regulatorio que favorezca la seguridad jurídica resulta clave. Por desgracia, el problema de las ocupaciones van en ascenso en España, «permitido y propiciado por un marco regulatorio ineficiente que, lejos de resolver el problema actual de vivienda, vulnera el derecho de propiedad […] Y cuanto más se desproteja al propietario frente a este tipo de movimientos, más se agravarán los problemas de acceso a la vivienda y mayores serán los perjuicios para los colectivos vulnerables».
