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Asia, Myanmar: El conflicto en el estado de Rakhine agrava la crisis de los Rohingya

El conflicto civil se ha intensificado en el estado birmano de Rakhine, en la costa oeste de Myanmar, con un aumento de víctimas y desplazamientos de la población rohingya, grupo étnico de fe musulmana asentado en el estado junto a la mayoría de la población rakhine, que es budista. Dada la situación en la zona, continúa el flujo de refugiados rohingya que buscan refugio y protección en Bangladesh – siete años después del primer éxodo de 750.000 rohingya- huyen de la violencia y la persecución en Myanmar, cruzando la frontera e instalándose en la localidad bangladeshí de Cox’s Bazar, donde el gobierno de Dhaka, con el apoyo de organismos de la ONU y de la comunidad internacional, los ha organizado en grandes campos de refugiados.

Hoy, la situación de los rohingya es crítica a ambos lados de la frontera. En Myanmar, en el estado de Rakhine, más de 130.000 civiles, sobre todo niños y familias, han sido objetivo o se han quedado atrapados en el fuego cruzado del enfrentamiento entre el ejército regular birmano y los milicianos del Ejército Arakan, una organización militar local que desafía a la junta birmana en el poder. En el contexto de la guerra civil que vive el país, los desplazamientos internos han alcanzado máximos históricos: más de 3,3 millones de desplazados internos. «Los civiles de etnia rohingya de Rakhine han soportado la peor parte de las atrocidades cometidas por el Ejército de Myanmar y el opositor Ejército de Arakan», explica Elaine Pearson, directora para Asia de Human Rights Watch, al presentar el último informe sobre abusos en la zona.

El acceso de las organizaciones humanitarias a Rakhine se ha vuelto extremadamente difícil, señala Unicef. Los servicios esenciales, como el acceso al agua potable y la atención sanitaria, están amenazados, lo que se ve agravado por los cortes de electricidad y telecomunicaciones, que afectan tanto a las operaciones civiles como a las humanitarias.

Al otro lado de la frontera, en Bangladesh, la vida en los campos de refugiados es muy crítica debido a las dificultades en la distribución de artículos de primera necesidad y a la falta de educación, desarrollo, reintegración social o empleo para ofrecer un futuro a los desplazados. Además, «los nuevos problemas de seguridad y la incertidumbre sobre la financiación están socavando toda la ayuda», ha advertido recientemente el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), mientras que los 852 millones de dólares anuales necesarios para asistir a cerca de 1,3 millones de personas no han sido cubiertos por la financiación internacional. Como consecuencia, se han reducido las raciones de alimentos a los desplazados, los centros de salud carecen de personal médico y medicinas, y la baja calidad del agua provoca epidemias de cólera y hepatitis.

La comunidad depende totalmente de la ayuda humanitaria y vive en refugios temporales en campamentos muy congestionados. «El apoyo continuado de Bangladesh a la población refugiada -especialmente a los niños, unos 500.000- es crucial», ha declarado Unicef, señalando las violaciones de los derechos de los niños en esta situación.

En Bangladesh, desgarrado por la crisis política que culminó con la huida de la ex presidenta Sheikh Hasina, el gobierno interino de Muhammad Yunus ha mostrado cierta solidaridad con los refugiados rohingya. El retorno «digno, voluntario y sostenible» a Myanmar sigue siendo la solución que buscan las autoridades, pero no hay condiciones sobre el terreno que lo hagan posible, dada la escalada del conflicto en Myanmar, que ha empeorado las condiciones de los rohingya que permanecen en sus distritos de origen.

A la espera de una solución, la vida de los rohingya sigue paralizada y, tanto en Bangladés como en Myanmar, señala Acnur, es necesario un «apoyo global amplio y sistemático» de la comunidad internacional.

El Papa Francisco pidió perdón a los rohingya en todo el mundo durante su visita a Bangladés en 2017. El Papa también hizo un llamamiento para que se respeten su dignidad y sus derechos. AGENZIA FIDES

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