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El 85,7% de las sentencias dictadas fueron total o parcialmente condenatorias en España

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La justicia procesó a 44 personas físicas y jurídicas en ocho procedimientos por corrupción en el tercer trimestre de 2023, el 85,7 por ciento de las sentencias dictadas fueron total o parcialmente condenatorias

Los jueces españoles dictaron auto de apertura de juicio oral o de procesamiento contra 44 personas en ocho procedimientos por corrupción durante el segundo trimestre de este año. De las 44 personas que fueron o serán llevadas a juicio por este tipo de delitos, 12 eran personas jurídicas y 32 físicas.

De las 44 personas que fueron o serán llevadas a juicio por este tipo de delitos, 12 eran personas jurídicas y 32, físicas.

Así lo revela el repositorio de datos sobre procedimientos por corrupción del Consejo General del Poder Judicial tras la incorporación de la información correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de 2023, que también incluye el número de sentencias dictadas, que fue de 7.

En concreto, entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de este año, los Juzgados y Tribunales dictaron 7 sentencias en procedimientos por delitos de corrupción. De ellas, 6 fueron condenatorias y 1, absolutoria, lo que supone que el fallo fue condenatorio en el 85,7 % por ciento de los casos.

El repositorio, que fue presentado el 12 de enero de 2017, es de acceso público en la web www.poderjudicial.es y permite a la ciudadanía conocer la acción de la Justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción a través de sus principales indicadores –personas acusadas y/o procesadas, procedimientos, sentencias dictadas, etcétera-, que se actualizan de forma trimestral.

La información que ofrece el repositorio corresponde a la denominada corrupción pública, entendiendo que es ésta la que más altos índices de preocupación causa en la ciudadanía. De este modo, los procedimientos judiciales cuyos datos se reflejan en el repositorio tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política.

Estos fenómenos se recogen en el Código Penal como delitos de prevaricación urbanística (artículos 320 y 322), prevaricación de funcionarios públicos (art. 404, 405 y 408), infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos (art. 413, 414, 415, 416, 417 y 418), cohecho (art. 419, 420, 421 y 422), tráfico de influencias (art. 428, 429 y 430), malversación (art. 432, 433, 434 y 435), fraudes y exacciones ilegales (art. 436, 437 y 438), negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función (art. 439, 441, 442, 443 y 445) y receptación y blanqueo de capitales (art. 303).

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