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Grupos abogan por cambio normativo sin recurrir la sentencia del euskera

Los grupos del Parlamento de Navarra se han posicionado de forma mayoritaria por un cambio normativo que dé seguridad jurídica a la valoración del euskera a la hora de optar a puestos en la administración, y ha conocido la intención del Gobierno foral de no recurrir la sentencia que anula en parte un decreto que así lo establecía

La decisión del Gobierno ha sido avanzada por la portavoz de Geroa Bai y anterior presidenta del Gobierno, Uxue Barkos, en su intervención en la Comisión de Relaciones Ciudadanas del Parlamento de Navarra, en la que se ha rechazado la moción de EH Bildu por la que se insta al Gobierno de Navarra a defender los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos.

La resolución de EH Bildu, votada por puntos aunque en todos ellos ha sido mayoritario el rechazo, planteaba instar al Gobierno de Navarra a “recurrir la sentencia dictada contra el Decreto Foral 103/2017 que regula el uso del euskera en las Administraciones Públicas de Navarra, sus organismos autónomos y entidades de derecho público dependientes».

Se pedía así «actuar en defensa de la cohesión social y territorial proclamadas por el acuerdo programático para esta legislatura, también en relación con los derechos lingüísticos”.

Este primer punto ha sido rechazado con los votos en contra de Navarra Suma y PSN, los votos a favor de Geroa Bai, EH Bildu e I-E y la abstención de Podemos-Ahal Dugu.

La moción desestimada incluía un segundo punto en el que, con el voto en contra de NA+ y las abstenciones de PSN y Podemos, se emplazaba al Ejecutivo Foral a “adoptar la decisión de no valorar nunca el conocimiento del euskera por debajo del conocimiento de otras lenguas, y a proporcionar el soporte jurídico que ello requiere”. El respaldo de Geroa Bai, EH Bildu e I-E ha resultado insuficiente.

Del mismo modo, ya en un tercer apartado, se conminaba al Parlamento de Navarra a “mostrar su disposición a trabajar con vistas a aprobar una nueva Ley del Euskera que garantice la igualdad de derechos de todos los ciudadanos y supere la zonificación”. Navarra Suma y PSN han votado en contra, Geroa Bai, EH Bildu y Podemos lo han hecho a favor, mientras que I-E se ha abstenido.

En su defensa, Bakartxo Ruiz (EH Bildu) ha lamentado que la sentencia que anula parte del decreto aboca a «retroceder a una política lingüística que se basa en el mero voluntarismo» para avanzar, al tiempo que sitúa a las lenguas comunitarias en mejor posición que al euskera a la hora de puntuar como mérito en una plaza en la administración, «situación bastante inquietante».

Además, Ruiz ha considerado que el Gobierno «tiene la obligación política» de recurrir la «grave» sentencia contraria a sus intereses.

A favor de todos los puntos se ha posicionado Geroa Bai, aunque su portavoz, Uxue Barkos, ha advertido de que «no es la única vía el recurso», de forma que ha avanzado que el Gobierno no lo presentará y por ello ha abogado además por trabajar en «la vía normativa que fije claramente que el euskera tiene rango de merito como lengua propia, no como cualquier otra lengua extranjera».

Por Podemos, Ainhoa Aznarez, ha ahondado en ese argumento y ha valorado la formación de un grupo interdepartamental dentro del Gobierno que ya trabaja en la elaboración de un informe para ese cambio normativo, que en su caso se asienta además en su rechazo a la zonificación de la oficialidad del euskera en Navarra.

Marisa de Simón (I-E) ha recordado que su formación «no comparte» la sentencia porque entienden que la administración ha de ofrecer «comunicación bilingüe para toda la ciudadanía, independientemente de donde viva», y «qué menos que el euskera tenga puntuación semejante a la de cualquier otra lengua» en los concursos de mérito o de traslado, aunque se ha abstenido en el tercer punto por entender que hoy en día en el Parlamento no hay una mayoría suficiente para modificar la Ley del Euskera.

Iñaki Iriarte (NA+) ha mostrado su conformidad con el respeto a los derechos lingüísticos aunque ha cuestionado «hasta qué punto esto obliga a los demás» porque «no se puede forzar a alguien a que prenda una lengua» y en este terreno «no hay consenso social en cuanto al euskera».

Por su parte la socialista Inmaculada Jurío ha recordado su postura contraria a recurrir la sentencia y ha valorado el trabajo emprendido por el Gobierno para avanzar en la posible elaboración de una normativa que «tienda a dar una seguridad jurídica a quienes hoy se están preparando para OPEs».

«Este gobierno no tiene intención de vulnerar derechos lingüístico, pero todo ello debe conjugarse con lo establecido por una sentencia», ha avanzado Jurío, quien ha asegurado que en el PSN «nos encontramos cómodos con la Ley foral del Euskera tal y como está establecida». EFE

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