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PSN, Geroa Bai, Bildu, Podemos e I-E rechazan derogar el Decreto del «euskera»

NAVARRAINFORMACIÓN.ES

Los partidos del Gobierno de Chivite (PSN, Geroa Bai, I-E más Bildu) han rechazado derogar Decreto Foral del «euskera» en las Administraciones Públicas del cuatripartito (todos ellos menos PSN) en la legislatura anterior y que suma dos sentencias  en contra del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN)

PSN, hoy en el Gobierno, se ha unido al cuatripartito (Geroa Bai, Bildu, Podemos e I-E) para votar en contra de la toma en consideración de la proposición de Ley Foral, presentada por Navarra Suma, por la que se deroga el Decreto Foral 103/2017, de 15 noviembre, que regula el uso del euskera en las Administraciones Públicas de Navarra, sus organismos autónomos y entidades de derecho público dependientes.

Navarra Suma, en su propuesta, tenía por objeto “restaurar la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo en las Administraciones Públicas para, conforme a la realidad sociolingüística, establecer en el plazo de seis meses un nuevo procedimiento de valoración del conocimiento del euskera acorde al perfil lingüístico que, de un modo definido y seguro, se efectúe de las plazas”.

El nuevo Decreto Foral (DF) evitaría la valoración del «euskera» en la zona no vascófona, y lo ceñiría a entre el 3 y el 6% (zona mixta) o a entre el 6 y el 10% (zona vascófona) del conjunto de méritos “en los puestos con un mayor grado de atención o trato con la ciudadanía”. Con el actual DF, en esas mismas plazas el euskera se puede valorar en la zona mixta hasta un 12% (concurso) o 14% (concurso-oposición) y en la zona vascófona hasta un 20% (concurso) o 23% (concurso-oposición).

Entre tanto, mientras no entrara en vigor la nueva regulación propuesta, se recuperaría la normativa reglamentaria vigente en el momento de la entrada en vigor del Decreto Foral 10372017, que quedaría inmediatamente “derogado”. Los procedimientos iniciados y no resueltos de manera definitiva serían tratados “conforme al citado paquete normativo”.

Todo este proceso de restauración normativa se llevaría a cabo, según se precisaba, “procurando la mayor participación y consenso posibles”, también en lo relativo a la oferta educativa del modelo D en la zona no vascófona, donde se propugnaba la aplicación de “los mismos criterios que rigen para los demás modelos”.

En la exposición de motivos, se aludía al cambio de perfil lingüístico que, “para primar a las personas que hablan euskera”, facultaba la “ambigüedad” del Decreto Foral en vigor desde 2017 y, a ese respecto, se criticaba la “sobrevaloración del vascuence como mérito”, circunstancia a su juicio avalada tanto por el Consejo de Navarra y la sociedad, en origen, como por los sindicatos y los Tribunales de Justicia, a posteriori.

Los cuatro partidos (Geroa Bai, Bildu Podemos e I-E) más PSN sostienen que “la proposición de Ley Foral supone una intromisión en las funciones propias del poder Ejecutivo relativas al desarrollo reglamentario de las disposiciones legales” y da lugar una “notable inseguridad jurídica con la derogación de la norma, sin que medie una declaración de falta de validez o inadecuación al ordenamiento jurídico, y la puesta en vigor de otra derogada”.

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