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Los «okupas» de Rozalejo acusados niegan su implicación y la defensa duda de los costes

Los acusados por un supuesto delito leve de usurpación de inmueble por la ocupación del Palacio del Marqués de Rozalejo han negado en el juicio celebrado este jueves su implicación en la toma del edificio en septiembre de 2017, aunque muchos han reconocido haber estado en el lugar durante el desalojo

En el juicio, en el que han declarado todos los acusados menos uno por circunstancias médicas, los jóvenes han asegurado no haber ocupado el edificio en septiembre de 2017 ni haber tenido intención de permanecer en su interior.

En su declaración, 17 de los acusados han reconocido su presencia en el edificio durante los desalojos realizados en agosto de 2018, aunque todos han afirmado que acudieron allí en apoyo al proyecto y no tenían intención de permanecer en el lugar de forma continuada, sino que fue una presencia puntual.

En el caso de un joven al que se sitúa colgado de unos amarres en el edificio, ha indicado que no se reconoce en la fotografía presentada y ha declarado que, al llegar la policía, se marchó por su propio pie cuando se lo solicitaron y sin oponer resistencia. Tampoco ha reconocido a ninguno de los acusados por haber preparado los amarres que se encontraron en el edificio.

Una de las acusadas que ha reconocido haberse encadenado a los barrotes de un balcón durante el desalojo ha denunciado en su declaración que el desencarcelamiento no se hizo cortando el amarre, sino los propios barrotes, dejándole con las manos atadas.

“Le dije a un agente que me soltase y me contestó que, si me lo había puesto yo, que me lo quitase”, ha comentado, indicando que, al no tener las llaves, estuvo varias horas con las manos atadas hasta que pudieron liberarle.

Asimismo, otra de las acusadas, que ha reconocido que se encontraba encadenada y apoyada en un andamio, ha aseverado que uno de los agentes llegó a proponer su desmontaje y que se quedase colgada de la fachada.

La defensa de los «okupas» duda de los costes reclamados por la Administración

La defensa de los 22 investigados por la okupación del Palacio del Marqués de Rozalejo de Pamplona en 2017 ha puesto en duda durante el juicio celebrado este jueves los gastos reclamados por la Administración por daños y horas de trabajo tras su desalojo, que ascienden a 34.168 euros.

A juicio de una de las abogadas de la defensa, estos costes son excesivos y existe falta de justificación en el informe realizado por el Gobierno de Navarra, ya que, ha asegurado, existen contradicciones en las mediciones de los elementos donde se habrían hecho estas obras.

Echavarren: La «ocupación» de Rozalejo podría haber provocado un fallo estructural

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