Fagor Ederlan Tafalla. CEDIDA
El Instituto Nacional de la Seguridad Social ha establecido que el cáncer de pulmón padecido por dos trabajadores jubilados y ya fallecidos de Fagor Ederlan Tafalla se debe al contacto que mantuvieron con el amianto durante más de 30 años, informa el sindicato ELA en un comunicado
ELA valora positivamente ambas resoluciones, que califican las patologías como enfermedad profesional y evitan a los familiares procedimientos judiciales adicionales para su reconocimiento, posibilitando a su vez el inicio de la tramitación de las solicitudes de recargo de prestaciones y responsabilidad civil en su favor.
El sindicato alerta de que las enfermedades profesionales derivadas del contacto con el amianto «son un fenómeno creciente de dimensiones pandémicas, consecuencia directa de una absoluta irresponsabilidad de las empresas y del insuficiente control público producido durante la segunda mitad del pasado siglo veinte».
Dado que el período de latencia de este tipo de patologías puede llegar a ser de hasta 50 años, ELA denuncia que en la actualidad «nos encontramos ante una problemática de salud pública y laboral interesadamente invisibilizada».
Para hacerle frente, agrega, «debe ser una prioridad política y social establecer medios para la prevención y el control de dichas patologías, a fin investigarlas, detectarlas a tiempo, y dar respuesta a las graves consecuencias que suponen para las víctimas y sus familiares».
En ese sentido, ELA insta a la empresas a que dejen de recurrir las resoluciones y sentencias relativas al amianto, ya que «no hacen mas que prolongar innecesariamente los procedimientos judiciales y ahondar en el sufrimiento de las personas afectadas».
A su vez, y a la vista de «la falta de voluntad del Parlamento español», ELA insta al Gobierno de Navarra a «dar los pasos necesarios para la creación de un fondo de compensación propio, que posibilite el resarcimiento económico de las víctimas desde el primer momento y en ningún caso suponga la elusión de responsabilidades por parte de las empresas».
Asimismo, recuerda que, a septiembre de 2017, el Parlamento de Navarra aprobó una resolución para la retirada del amianto de todo el territorio y en 2018 se redactó un plan director para su realización en 20 años, pero «a día de hoy no consta asignación de recursos económicos al respecto».
Por ello, ELA reclama al Gobierno de Navarra que «renuncie de una vez a asignar dinero público a las mesas de diálogo social en salud laboral, y destine esos mismos recursos a desarrollar políticas reales desde la administración pública, tales como la ejecución del desamiantado de Navarra». EFE
