El expresidente de la Generalidad huido a Bélgica ,Carles Puigdemont, junto a Tomi Comín. EFE
El expresidente de la Generalidad de Cataluña Carles Puigdemont, huido en Bélgica desde 2017 y perseguido en España por presuntos delitos de sedición y malversación en la causa del «procés», vuelve a jugarse su encarcelamiento en España ante la Justicia belga, que deberá decidir si acepta una eventual entrega
La Fiscalía de Bruselas espera ahora a que la Justicia española entregue la próxima semana una traducción de la euroorden y los documentos anexos, reactivada este lunes por el magistrado del Tribunal Supremo español Pablo Llarena, tras conocerse la sentencia a penas de hasta 13 años de cárcel a los políticos del «procés».
A continuación la Fiscalía procederá a un «análisis en profundidad» de la misma, ha señalado el Ministerio Público belga en un comunicado a propósito de la tercera Orden de Detención Europea (ODE) cursada contra el expresidente de la Generalitat.
La Audiencia Nacional cursó una primera euroorden en noviembre de 2017, inmediatamente después de la huida de Puigdemont a Bélgica, que fue suspendida al pasar el caso al Tribunal Supremo.
Se reactivó en marzo de 2018, lo que posibilitó la detención de Puigdemont en Alemania. Pero el tribunal regional de Schleswig-Holstein rechazó su entrega por rebelión y sólo la admitió por malversación, extremo que Llarena rechazó al considerar que sería injusto con los acusados que no habían huido y debían responder por todos los delitos que se les imputaban.
EL PROCEDIMIENTO
Una vez la Fiscalía finalice su análisis de los documentos enviados por España, y en caso de que no solicite más información al Tribunal Supremo, asignará el caso a un juez de instrucción, que deberá decidir si se da el «principio de doble incriminación» (que los delitos por los que está acusado el implicado estén contemplados en el Código Penal de Bélgica).
El magistrado escuchará al acusado, que podrá estar detenido un máximo de 48 horas y comunicará si acepta o no su entrega al Estado que le reclama. En caso negativo, el juez deberá decidir si ordena su entrada en prisión o si le impone medidas cautelares.
En 2017, Puigdemont rechazó su entrega y el juez le prohibió abandonar Bélgica y le obligó a declarar una residencia fija y comparecer ante la Justicia cuando fuera requerido.
A continuación, Puigdemont deberá comparecer en un tribunal de primera instancia, que analizará el caso y, si hubiera recurso por parte de la Fiscalía o del líder independentista, ante un tribunal de apelación, primero, y en uno de casación, después.
El plazo normal es de un máximo de 60 días, que pueden ampliarse a 90, si bien podría prolongarse excepcionalmente más allá de los tres meses.
EL CÓDIGO PENAL BELGA
El artículo 104 del Código Penal belga señala que «el intento de destruir o cambiar la forma del gobierno o el orden de sucesión al trono, o hacer que los ciudadanos o los habitantes tomen las armas contra la autoridad real, las cámaras legislativas o una de ellas, será castigado» con penas de entre 20 y 30 años de cárcel.
También el artículo 151 establece que todo «acto arbitrario» que atente contra las «libertades y los derechos garantizados por la Constitución, ordenado o ejecutado por un funcionario o un oficial público, por un depositario o un agente de la autoridad o de la fuerza pública, será castigado con penas de quince días a un año».
A ello se suma el artículo 131, que precisa que será castigado «quien dirigió la sedición», y el 132 y 134, que también se refieren al delito de sedición.
LOS ABOGADOS
Desde su llegada a Bélgica, Puigdemont ha contado con la asistencia del abogado Paul Bekaert, especialista en casos de extradición que evitó la entrega a España de la presunta etarra Natividad Jauregui Espina, alias «Pepona», supuesta responsable como miembro del «comando Vizcaya» del asesinato en 1981 de seis miembros de la Policía Nacional, Guardia Civil y del Ejército.
No obstante, el pasado 9 de julio el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo (Francia), dio la razón a los hijos del teniente coronel Ramón Romeo, asesinado por ETA en Bilbao, y concluyó que Bélgica incumplió su «obligación de cooperar» con la Justicia española para establecer la posible responsabilidad de Jáuregui, por lo que acordó una indemnización de 25.000 euros.
Preguntado por la prensa tras reactivarse la euroorden, Bekaert ha afirmado que nunca es «optimista o pesimista» porque «en este tipo de casos nunca sabes cuál será el resultado», mientras que el coordinador de la defensa internacional de Puigdemont, Gonzalo Boye, sí confía en obtener una victoria judicial para su cliente.
Sin embargo, el abogado penalista belga Pierre Chomé explica a Efe que «hay un riesgo real de que sea entregado», pues considera que se da una «situación distinta» a la de 2017, ya que en el Código Penal belga existe equivalencia por delito de sedición por el que han sido condenados el resto de inculpados.
«Las cosas se precisan más» con una sentencia condenatoria en España contra los líderes del «procés», sostiene Chomé, quien concluye que ahora es «mucho más probable» que la Justicia belga acuerde la entrega del líder independentista teniendo en cuenta que se presupone, por defecto, que los Estados miembros de la Unión Europea respetan las garantías procesales de los acusados.
PARLAMENTO EUROPEO
La reactivación de la euroorden tiene otros efectos colaterales inmediatos en la situación de Puigdemont, como el hecho de que el Parlamento Europeo le haya prohibido la entrada a sus instalaciones, atendiendo al marco de «cooperación entre Estados miembros».
Hasta ahora, como eurodiputado electo pero no reconocido ni por España ni por el Parlamento Europeo, ya que no ha ido a recoger el acta y jurar o prometer la Constitución en España, como exige la ley electoral española, Puigdemont no es miembro del Parlamento Europeo.
Por tanto, sólo podía entrar a la Eurocámara invitado por algún europarlamentario, como cualquier otro ciudadano. EFE
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