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El Gobierno navarro dice ahora que no ha tomado la decisión de recurrir al sentencia del euskera

El consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, Javier Remírez, ha reconocido que las tres sentencias del TSJN sobre el decreto foral de 2017 por el que se regula el uso del euskera en las administraciones públicas pueden generar «inseguridad jurídica» en algunos casos

Remírez ha señalado en comisión parlamentaria que hay treinta días hábiles para presentar recursos, pero el Gobierno no ha tomado todavía ninguna decisión al respecto.

El consejero ha declarado que las sentencias avalan la «plena legalidad» del decreto en lo referido a la valoración de méritos en la zona vascófona, aunque en la mixta y no vascófona lo considera «discriminatorio» y carente de motivación.

Sobre los efectos que pueden tener las sentencias, ha transmitido en un mensaje de tranquilidad a los trabajadores públicos que han logrado su plaza desde noviembre de 2017 al amparo del decreto foral, ya que «su plaza está absolutamente consolidada y no es objeto de revisión».

La situación, ha agregado, es diferente si las sentencias son firmes porque no se presentan recursos, por lo que sería de aplicación la normativa con los artículos anulados o sustituidos.

También puede ocurrir que los recurrentes pidan la ejecución provisional de las sentencias, lo que ya han anunciado Afapna y UGT, lo que supondría en caso de ser aceptado por el TSJN que tampoco sean de aplicación los artículos anulados.

Esa situación, ha admitido, «sí crearía un horizonte de cierta inseguridad jurídica», ya que supondría que los procesos de selección pendientes que se ejecutarían con arreglo al decreto serían objeto de revisión si la resolución final del recurso de casación es contraria al criterio aplicado durante este periodo transitorio.

Por modalidades de empleo público, el consejero ha explicado que los titulares de las 718 plazas adjudicadas por oposición o traslado desde la aprobación del decreto no se verán afectados, ya que en ese proceso no hay valoración de méritos. Tampoco se verán afectadas otras 252 plazas adjudicada por procedimientos ya firmes, aunque se hayan valorado méritos.

Remírez ha indicado que se podrían ver afectadas plazas que aún no son firmes y en las que sí se valoró el conocimiento del euskera, 410 de ellas de procedimiento de ingreso y 1.500 de procedimiento de provisión.

Tampoco todas ellas se verían afectadas ya que hay diversos aspectos tener en cuenta, como, por ejemplo, las convocadas en la zona vascófona, donde no son de aplicación las sentencias.

Quedan otras 1.095 plazas de 2017 y 2018 pendientes de convocarse, 704 de ingreso y 391 de provisión, para las que se abren también distintos escenarios.

El consejero, quien ha apuntado que también preocupan al Gobierno los concursos en los que se valoran los idiomas comunitarios con el mismo criterio que el decreto, ha aseverado que serán «ágiles» al tratar este asunto, pero «previo estudio riguroso y viable».

Marta Álvarez, de Navarra Suma, ha afirmado que en el Gobierno de Navarra «juegan a una especie de tomadura de pelo a la ciudadanía» y ha considerado que el Ejecutivo está esperando a recurrir las sentencias a que pasen las elecciones del 10 de noviembre.

NA+, ha dicho, no está contra el euskera, pero este idioma tiene que estudiarlo «quien libremente quiera» y en este sentido ha exigido que se acate la sentencia.

Por el PSN, Inmaculada Jurío ha declarado que el decreto tiene varias «contradicciones» e «incongruencias» y «lo único que ha tenido congruencia ha sido la sentencia».

Jurío, quien ha comentado que el PSN está «absolutamente cómodo» con la ley del euskera y la zonificación, ha destacado que no debería presentarse un recurso, porque a su juicio ni sería admitido a trámite por el TSJN, sobre todo teniendo en cuenta que se va a solicitar la ejecución provisional de las sentencias.

La parlamentaria de Geroa Bai Blanca Regúlez ha mostrado su preocupación porque con estas sentencias «se han vulnerado los derechos de una parte de la población», aunque ha estimado que avalan «sin ningún genero de duda lo más sustancial del decreto».

Adolfo Araiz, de EH Bildu, ha opinado que las sentencias suponen «un gran retroceso, fundamentalmente en derechos lingüísticos» y, tras asegurar que «zonificación es equivalente a discriminación», ha afirmado tener la sensación de que el Gobierno no va a presentar un recurso.

Por el grupo de Podemos, Ainhoa Aznárez ha pedido seguridad jurídica para las personas que quieren acceder a un empleo en la administración foral y ha instado a dar pasos hacia un cambio de legislación «que evite esa inseguridad jurídica».

La portavoz de I-E, Marisa de Simón, ha subrayado que había una situación previa al decreto de 2017 que era «injusta» y «discriminatoria» respecto al tratamiento del conocimiento del euskera, que «se valoraba en algunas ocasiones menos que el conocimiento de otras lenguas».

En su turno de réplica, el consejero ha indicado que ésta es «una situación muy delicada, que genera más emociones que razones», y ha instado a la Cámara a buscar un consenso para una nueva normativa de euskera, que no esté sujeta «a los vaivenes de los sucesivos gobiernos». EFE

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