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El fiscal pide mantener las condenas a los agresores de Alsasua porque fue «un ataque ideológico»

El fiscal ha pedido hoy desestimar los recursos presentados por los condenados por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua (Navarra) en octubre de 2016 y ha subrayado que lo que allí ocurrió fue un «ataque ideológico»

El Tribunal Supremo ha celebrado este miércoles la vista pública para revisar las condenas de entre 2 y 13 años de cárcel que la Audiencia Nacional impuso a los ocho jóvenes acusados, que solicitan su absolución.

El fiscal ha pedido desestimar los recursos de los condenados por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua (Navarra) en octubre de 2016 al subrayar que lo que allí ocurrió fue un «ataque ideológico» contra agentes que «son fieles a España, al rey y al pueblo español».

Ante una sala abarrotada de público, sobre todo de familiares de los condenados, el Tribunal Supremo ha celebrado este miércoles la vista pública para revisar las condenas de entre 2 y 13 años de cárcel que la Audiencia Nacional impuso a los ocho jóvenes acusados, cuyas defensas han solicitado su absolución.

La Fiscalía siempre defendió durante el proceso que lo ocurrido el 15 de octubre de 2016 cuando los dos guardias y sus parejas fueron increpados en el bar Koxka de Alsasua, rodeados por un grupo de unas 25 personas y atacados con «golpes, patadas y puñetazos» por los acusados fue terrorismo.

Pero tanto la Sala de lo Penal como la de Apelaciones de la Audiencia sentenciaron que no lo fue, de manera que el fiscal no recurrió al Supremo y se limitó a impugnar los recursos de las defensas.

Iñaki Abad, Jokin Unamuno, Ohian Arnanz, Jon Ander Cob, Julen Goicoechea, Aratz Urrizola, Adur Ramírez y Ainara Urkijo fueron condenados por delitos de atentado a agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas y aplicó agravantes de abuso de superioridad y de odio al considerar probado que actuaron por animadversión a la Guardia Civil y por motivos ideológicos.

En una breve intervención, el fiscal Álvaro Redondo ha asegurado que el ataque se produjo porque las víctimas eran guardias civiles, por lo que puede existir discriminación ideológica hacia ese cuerpo.

«¿Cómo que no puede haber una razón ideológica para atacar a la Guardia Civil? ¿Cómo que no? Claro que sí», ha dicho el fiscal.

La Guardia Civil, ha señalado, «no es una asociación de amigos que se reúne para comer un asado» sino que «es una institución del Estado que asume los valores constitucionales y es fiel a España, al rey y al pueblo español».

Por tanto, ha continuado, «pueden ser objeto de un ataque ideológico» como así figura en los hechos probados que «muestran que el ataque se produjo porque las víctimas eran guardias civiles».

El fiscal ha defendido también las ruedas de reconocimiento que tanto han cuestionado las defensas porque «cualquier error en la rueda se subsana en el plenario» y todos ellos «fueron reconocidos, sin duda, en el juicio».

Igualmente, ha rebatido a las defensas que han cargado contra la instructora Concepción Espejel, a quien trataron de recusar sin éxito por estar casada con un guardia civil -el fiscal ha dicho que la Sala no vio causa de recusación en el matrimonio entre un magistrado y un perito- y por haber sido premiada por esta institución, a lo que el fiscal ha respondido que «decir que la condecoración de la Guardia Civil genera sesgo no tiene el más mínimo sentido».

Las acusaciones populares también han impugnado los recursos. La Asociación Unificada de Guardias Civiles se ha limitado a solicitar que se mantenga las penas en una intervención que apenas ha pasado de un minuto, mientras que el letrado de Covite se ha explayado más al manifestar que las víctimas «fueron agredidas por lo que eran y lo que representaban» con el fiscal asintiendo con la cabeza.

Por su parte, los cinco letrados de las defensas han arremetido contra las condenas que ven excesivas porque «las lesiones no fueron tan graves», más aún, cuando todos han negado las agresiones y algunos han recordado que sus defendidos ni siquiera se encontraban aquella noche en el bar, otros se habían ido antes de que ocurrieran los hechos y dos de ellos afirman que estaban durmiendo en casa.

Es por ello que han criticado que en la sentencia «todo es genérico, se habla de personas y no de nombres» e, incluso, han señalado que el testigo fundamental para las acusaciones «dijo que se había metido a gente en la cárcel que no tenía que estar».

Se han quejado especialmente de que sus testigos, que descargaban a los acusados en el juicio, no fueron tenidos en cuenta al desaparecer del contenido de la sentencia, lo que demuestra que «se pasa olímpicamente de toda la prueba practicada por las defensas».

Además, han hecho hincapié en que se ha estigmatizado a los acusados como presuntos terroristas y han cuestionado los informes de lesiones de los guardias civiles y especialmente las ruedas de reconocimiento que se practicaron «con personas sudamericanas, mulatas y árabes».

La sentencia se conocerá en los próximos días. EFE

Pie de foto: Vista pública en el Tribunal Supremo para revisar la condena de entre 2 y 13 años de cárcel que impuso la Audiencia Nacional a ocho jóvenes por agredir a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua (Navarra) el 15 de octubre de 2016. EFE/Mariscal

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