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UGT pide una nueva regulación para los contratos temporales

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El sindicato UGT ha reclamado una nueva regulación de la contratación temporal para evitar fraudes entre este colectivo de trabajadores, que en Navarra llega a las 65.300 personas, el 26,3% de los asalariados

Para UGT, acabar con los abusos y fraudes que de «forma masiva» sufre la contratación temporal tanto en Navarra como en el conjunto de España «debe ser un objetivo prioritario e inmediato».

Y es que la actual regulación, dice, «favorece el abuso e incentiva el fraude» por su carácter «confuso y laxo», por las «escasas consecuencias» que tiene para las empresas un contrato en fraude de ley, y por los «insuficientes medios y recursos» destinados a perseguir el fraude a través de la Inspección de Trabajo y «la limitada eficacia» de los mecanismos sancionadores.

Según indica UGT, son cinco los casos más extendidos de mala utilización y fraude en la contratación temporal cinco, entre ellos los contratos eventuales para trabajos de estacionales, habituales en educación y en hostelería, ya que su función no es esa sino atender a incrementos inesperados o no previsibles de los niveles de demanda o actividad de la empresa.

También son frecuentes los contratos de obra para cubrir trabajos de carácter permanente o actividades habituales y ordinarias en la empresa, así como la realización de sucesivos y continuados contratos por obra a trabajadores de contratas y subcontratas.

Otros casos de malas prácticas son la aplicación del contrato temporal sistemáticamente al primer contrato laboral y la utilización de contratos temporales sin precisar ni especificar las causas, y sin justificar, por tanto, la naturaleza temporal de las tareas que dan lugar al contrato.

Para la responsable de Política Sindical de la UGT de Navarra, Marisol Vicente, “ese fraude empresarial en la contratación temporal carece prácticamente de consecuencias económicas o de otro tipo, ya que todo se reduce a corregir la decisión de la empresa, pero sin sanción alguna.

Además, cuando se demuestra el fraude, entre la reincorporación del trabajador al puesto de trabajo como indefinido o el despido improcedente con indemnización, la empresa suele optar por esta segunda alternativa, que la resulta barata dada la escasa antigüedad de los trabajadores temporales”, señala.

Frente a estas prácticas, la UGT cree imprescindible que se establezca legalmente que el coste económico de extinguir un contrato temporal en fraude sea más caro que el coste de la extinción del contrato indefinido que habría correspondido hacer.

Así mismo, el sindicato aboga por elevar las sanciones por la contratación en fraude de ley, que en la actualidad van de 626 a 1.250 euros en su grado mínimo, de 1.251 a 3.125 euros en su grado medio, y de 3.126 a 6.250 euros en su grado máximo, cifras que evidencian lo barato que resulta a las empresas infringir la ley.

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