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Han pasado nueve años y todo sigue igual, tirando a peor

En este periodo de descanso y compás de espera de agosto, mientras continúa la «escenificación» del candidato que «ya no lo es» según Carmen Calvo «Pixie», viene bien hacer memoria y recapitular sobre lo ya escrito. Encontré esta reflexión no publicada de noviembre de 2010 que bien podría haberla escrito hoy o podría escribirla mañana sin riesgo de perder actualidad. Así de triste es la cosa.

La escribí como presentación al Foro PLATAFORMAS SIGLO XXI que convocaba en el Ateneo madrileño a distintas iniciativas que nacían por el descontento de muchos ciudadanos -Sociedad Civil, se diría hoy-, cansados de la casta política, representada entonces especialmente por José Luis Rodríguez, que vivía -y vive, añado- de espaldas a la realidad de los graves problemas que afectaban cada día a más españoles y a toda España. Ya dirán los lectores si poniendo los nombres de Mariano Rajoy o Pedro Sánchez en lugar del susodicho y, salvo la mejora económica -que no es poco, ciertamente- que dejó el Registrador gallego para bien de España, si hay algo, social o educacional, que varíe, salvo a peor, respecto de la situación que hace nueve años provocó la citada iniciativa.

Representaba entonces un pequeño grupo creado en Facebook de poco más de mil amigos virtuales, que bauticé como «HAY QUE ECHAR A ZAPATERO COMO SEA», preocupado por el desgobierno, la falta de principios realmente democráticos y la pérdida de valores de los últimos casi 30 años -hoy ya 40-, inspirado en una de las coletillas preferidas del Zapatiesta Zapatero -como lo llamó Emilio Capmany-, el “como sea” que vuelve a poner de actualidad su clon Dr. Falconeti cum Fraude, ampliado con «y con quien sea», que supera al hasta entonces peor presidente de la Historia de España y, en especial, desde la pseudo-democracia en que degeneró la Transición de Adolfo Suárez modélica en cuanto a la tranquilidad con que se inició, pero que hoy se evidencia como una dictadura partidocrática no exenta de turbulencias. Decía entonces que el problema no era únicamente Rodríguez Zapatero, por supuesto, pero sí quién estaba detrás del mayor desastre económico y deterioro social y moral que había sufrido España desde 1977, cuando pasábamos de un régimen dictatorial al teórico sistema democrático parlamentario, hoy muy cuestionado.

Decía también entonces y sigo pensando cada vez más convencido que, desde mi punto de vista, el origen de la situación actual proviene de la época de Adolfo Suárez y de aquella solución del “café para todos” del Prof. Clavero Arévalo, a la sazón Ministro de Administración Territorial. Sobre tan lamentable decisión dejo el beneficio de la duda de que no conocieran lo suficiente la Historia de España ni a sus interlocutores del otro lado de la mesa y, seguramente, quiero pensar, que no podían imaginar el deterioro de cuarenta años después,  lo que no pasa de atenuante y nunca puede ser excusa para supuestos hombres de Estado. La implantación de las Autonomías por cualquiera de las vías contempladas en la Constitución, Artº 143 ó 151, y el reparto forzado e indiscriminado y, yo diría, contra natura de competencias, puesto que no respondía realmente a las demandas de las regiones, se convirtió en una carrera desesperada para tener todos de todo (Universidades, Aeropuertos, Puertos, AVE, Poder Judicial, etc.), para satisfacer a las denominadas (por ellos mismos y de forma interesada) “históricas”, y no crear un agravio comparativo en las nuevas.

Primer GRAN ERROR de la Transición: fomentar ideas nacionalistas donde no las había y crear un mapa autonómico absolutamente artificial, unas veces con mayor ó menor “tradición histórica”,  otras ajustándose más ó menos a regiones geográficas existentes y algunas (Cantabria, Rioja, Madrid o Murcia) uniprovinciales de forma totalmente artificial y, en definitiva, con un balance negativo en su conjunto. Y como remate la propina de dos Ciudades Autónomas, Ceuta y Melilla, para no ser menos. El libro “Las Autonosuyas” de Fernando Vizcaíno Casas, en 1981, se había quedado corto, ya entonces, ante la aberrante situación creada, superada hoy.

Las transferencias no se acompañaron generalmente del correspondiente traspaso de funcionarios de la Administración Central a las Autonomías, sino que se mantuvieron gran parte en sus puestos de la Administración Central (sobre todo servicios centrales, muchos ya sin funciones) y creando de urgencia cuerpos funcionariales autonómicos, asesores y asimilados, pasando de menos de 700.000 empleos públicos en 1977 a más de 3.100.000 en 2010 -que hoy se mantiene, si no crece-, es decir un 450% de aumento del empleo público para un incremento de población del 25%, de 37 a 46 millones, mientras la operativa manual se automatizaba. Paradójicamente se produjo un incremento del trámite burocrático -pese a la mayor automatización-, cada vez más complejo (lo contrario de lo, supuestamente, pretendido con la descentralización) y, curiosamente, una disminución progresiva de la PRODUCTIVIDAD. Lo sufrí en diversos proyectos dirigidos en distintas comunidades: Murcia, Andalucía, Galicia, Castilla La Mancha ó Madrid, en las que los mismos trámites tenían pasos y procedimientos distintos, leyes y reglamentos regionales cada vez más complejos que, más que simplificar la gestión, parecían la autojustificación del puesto de trabajo de tanto funcionario para demostrar que estaba para algo: complicar el procedimiento administrativo. De locos.

Mención especial, consecuencia de todo lo anterior, fue el incremento desorbitado del GASTO PÚBLICO, decía entonces, y -añado ahora- si en 2010 la deuda pública estaba en torno a 500.000 MM de euros, y suponía el 50% del PIB, hoy supera el billón, 99% de nuestro Producto Interior Bruto.

Se crearon “Taifas” en las que el Presidente de cada autonomía se comporta como un “reyezuelo” que, en la mayoría de los casos (sobre todo en comunidades gobernadas por el PSOE), se preocupa más por perpetuarse en el poder que por administrar lo que los ciudadanos le confiaban y creando una masa clientelar de estómagos agradecidos. Andalucía, Extremadura, Castilla La Mancha (30% de paro, 30% de funcionarios, en términos generales) con gobiernos del PSOE, seguían en la cola de las regiones de Europa después de más de 30 años -y siguen tras 40- con una sola legislatura popular en las dos últimas y recién estrenada en la primera -. ¿Suficientemente indicativo? Seguramente será el “desfase histórico” heredado del franquismo, con algo de ayuda del PP (como repite siempre el PSOE) y fruto de la mala suerte (los “marrones heredados” que dijera el insigne Ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, charnego extremeño transformado en «nacionalista» de pura cepa).

En definitiva, se ha creado un sistema administrativo que funciona mal ó, directamente no funciona y con un gasto inasumible, incrementado por la enorme proliferación de innecesarias Empresas Públicas, muchas deficitarias, creadas en muchos casos como plataforma de empleo para amigos sin necesidad de pasar la preceptiva “oposición administrativa oficial”.

El segundo gran error fue la reforma estructural del sistema educativo, transfiriendo la competencia a los citados reyezuelos que convirtieron la Educación en adoctrinamiento. El deterioro del nivel de educación producido en España es la causa principal, a mi juicio, de la degradación que se sufre en muchos aspectos. Desde 1982, el sistema ha ido a atacar la esencia del mismo, el niño, sabedor el legislador de que es la forma de criar masas que se van «acostumbrando con normalidad” al nuevo modelo para acabar siendo colectivos poco pensantes y, por tanto, fácilmente manipulables -con excepciones, por supuesto y gracias a Dios-. En definitiva, este sistema ha fomentado:

  • Desincentivar el esfuerzo.
  • Igualar por abajo.
  • Fomentar “que el niño apruebe, no que el niño sepa”.
  • Menoscabar la autoridad del profesor en una política de «todos amigos: «No me llames D. José, llámame Pepe, tronco» junto a un aspecto cada vez más desaliñado que contribuía a igualar (por abajo, claro), creando un “totum revolutum” en el que nadie sabe quién es quién y todos tan contentos -sobre todo aquellos a los que el esfuerzo le causa náuseas-.

Y, de “aquellos polvos, estos lodos”, estamos recogiendo el fruto de lo sembrado: Ya tenemos en  puestos políticos, sobre todo, y profesionales, miembros de esas generaciones que eran muy pequeños -ó ni siquiera habían nacido- cuando empezó la transición y han crecido en ese “ambiente” del “todo fácil”, derechos sin responsabilidades, ausencia de valores fundamentales, etc.

Se rompió la línea básica de la sociedad: Individuo, Familia, Municipio, Provincia, Estado. Desnaturalicemos al individuo y se acabará con el Estado antes ó después. Y eso hicieron los distintos  gobiernos socialistas y no lo supo atajar el PP. Ha sido, como diría José Mª Aznar un efecto de “lluvia fina” que, al final, acabó empapando y, como no podía ser de otra manera, produciendo el resultado actual sin aparente voluntad política para reconducirlo.

Es indispensable, como decía -y urgente, añado-, una reforma estructural que recomponga el deterioro de estos años, que unifique programas educativos en los que prime el esfuerzo sobre el “todo fácil”, que refuerce la autoridad del profesor (como hizo en parte la Comunidad de Madrid). Parece mentira que una cosa tan elemental, que debería haber sido un axioma, algo evidente por tanto, haya habido que imponerlo por ley. Pero bendita sea esa ley. Ojalá cunda el ejemplo, decía hace nueve años, que no cundió y que incluso en Madrid deparó sorpresas con la LGTBI de Cristina Cifuentes, todavía coleando.

Probablemente, como dijo Wiston Churchill, el sistema democrático sea “el menos malo de los sistemas políticos”, pero necesita límites. Está bien que un sistema democrático permita que cualquiera pueda dedicarse a la actividad política y pueda llegar a concejal ó diputado, a Ministro o hasta a Presidente del Gobierno, pero esta permisividad tiene que ir acompañada, como digo, de limitaciones, la más elemental, que “UN CUALQUIERA” no pueda llegar a esos puestos sin unos mínimos de formación humana, académica y profesional acreditadas, teórica y práctica, que garanticen una eficiencia en el desempeño de las responsabilidades que se le encomiendan. Se trata de administrar recursos públicos, encomendados por todos los españoles y eso hay que tomarlo en serio. Y tienen que establecerse responsabilidades, políticas, por supuesto, e incluso penales si llegara el caso, ante una posible mala gestión de los mismos.

Ha aparecido la profesión de político, sin más mérito reconocido en muchas ocasiones que un carnet de partido, la “bisagra” bien engrasada y el aplauso fácil al «elector» que hace las listas. Expertos en pegar carteles, repetir consignas y apretar el botón que se les diga desde el aparato (aunque a veces hasta en eso se equivocan e incluso votan con los pies -¿verdad, Sr. Zarrías?). En política, como en cualquier empresa mínimamente seria, debe primar la profesionalidad, hay que hacer un proceso de selección seria y rigurosa de los candidatos, analizar su perfil humano y profesional y su experiencia en puestos de responsabilidad y gestión. Como he dicho, lo que se confía a los políticos es administrar recursos públicos para conseguir el bienestar de cientos de miles ó millones de ciudadanos que les dieron su apoyo.

¿Qué decir de la politización de la Justicia y su mal funcionamiento? La mayoría de los españoles duda, ó directamente no cree, en el Sistema Judicial español,  en el que el doble rasero es una norma que preside el sistema.

Por último una breve nota sobre el mercado laboral y los sindicatos, igualmente politizados y al servicio del poder, con un número desorbitado de liberados sindicales (generalmente lo peor de cada familia) tanto en el sector privado como en el público, que nos duele a todos, con despilfarros, coches, cruceros, desayunos, etc. a costa del contribuyente.

En definitiva, ante la caótica situación política, económica, administrativa, social y de valores que nos invade, es urgente actuar, entre otras, en las siguientes líneas fundamentales:

  • Cambio de la Ley Electoral: listas abiertas, doble vuelta, selección de personal, limitación a un máximo de dos periodos electorales para cualquier puesto de responsabilidad, etc. Recordemos eso de que “el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”.
  • Modificación del Sistema Judicial, e inmediata despolitización de la Justicia: los tres poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial deben estar claramente definidos y diferenciados: “El poder debe controlar al poder para que no abuse del poder”, nos decía Charles Louis de Secondat, Barón de Montesquieu, en el Siglo XVIII.
  • Cambio de la Ley de Educación -centralizada nivel nacional- con potenciación del esfuerzo y el mérito.
  • Modificación de la Ley de la Función Pública, coordinando la de la Administración Central con las Autonómicas. Freno al crecimiento clientelar e indiscriminado de funcionarios.
  • Reforma laboral profunda, con revisión de los sistemas de representación.
  • Revisión del Sistema Fiscal disminuyendo la carga pública y facilitando la inversión privada.
  • Reestructuración del Sistema Autonómico con la recuperación por el Gobierno Central de una gran parte de las transferencias en los apartados anteriores, además de las de Justicia, Sanidad y Economía y Hacienda.
  • En definitiva, hay que plantear y realizar una REESTRUCTURACIÓN COMPLETA DEL PAÍS que, seguramente, implica una revisión parcial de la CONSTITUCIÓN de 1978.

Esto escribía el 24 de Noviembre de 2010, ¿algo no es de plena actualidad, casi nueve años después? Pues eso. Feliz verano, amigos y perdón por haberme alargado un poco.

Antonio de la Torre, licenciado en Geología, técnico y directivo de empresa. Analista de opinión

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