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Contra la ley foral de “abusos policiales”

Al mismo tiempo que María Chivite comenzaba su investidura como presidenta de la Comunidad Foral, se lanzaba una petición de firmas de la mano del “Observatorio por la Libertad de Opinión” (OPLO), una iniciativa con la que espero tener la oportunidad de colaborar mucho en el futuro. A la mañana siguiente ya había reunido casi 2.500 firmas.

La petición es especialmente oportuna porque pide que Chivite derogue o al menos no desarrolle una ley foral creada por el “cuatripartito” que no sólo es probablemente inconstitucional, sino con toda seguridad inmoral y contraria a la justicia.

Una ley para bendecir el radicalismo

La ley foral 16/2019 de “reconocimiento y reparación a las víctimas” es injustificable en muchos terrenos, pero el que más preocupa a OPLO (y a mí) es que es una herramienta de justificación moral para los actos de los terroristas y de quienes les apoyaron, y de demonización de los que defendieron la ley frente a ellos. Es una ley para pintar a criminales y colaboradores como los “buenos” de la película, e inventar un conflicto civil donde hubo una banda asesina (y un entorno que la apoyó o miró para otro lado) intentando aterrorizar a una sociedad abierta y democrática.

En otras palabras, es una palanca potentísima para cambiar el “relato”, doblando la historia oficial hacia las tesis de ETA y sus defensores. Algo que tendría unas consecuencias radicales para el clima moral y político, porque persigue cambiar la percepción pública de lo que es moral y justificable (asesinar al que piensa diferente, aislarle, expulsarle de tu barrio o población). Quiere que toda Navarra sea “Altsasu”. No Alsasua, sino la versión vampirizada por el radicalismo que han creado en las últimas décadas. Y que no está tan lejos de la superficie: ya asoma hasta en la Pradera de San Isidro y en el Orgullo Gay.

No se trata, en resumen, de “hablar de ETA” como pretenden sus blanqueadores. ETA está derrotada. Se trata de hablar de los que la han justificado y la justifican, de los que aplauden la intolerancia, de los que a día de hoy no dejan expresarse a los rivales políticos, o consideran “discrepancia normal” llenar sus sedes de pintadas o atacar sus mesas informativas. De los que intentan prohibirlas, incluso. De eso va esa ley foral, y por eso es importante pararla.

Porque es un ataque calculado a la libertad de opinión.

Una ley para premiarlos a todos, e insultar a las fuerzas de seguridad

Una versión anterior de la ley ya fue declarada inconstitucional, y las ayudas dadas en su nombre fueron anuladas por el TSJN (me pregunto si también fueron devueltas o pasa como con las indemnizaciones que no pagan los etarras). Lo fue porque la propia ley es un engendro que asalta todos los principios de la legalidad y la justicia. Repasemos un par.

Declaración de “víctima” sin considerar contexto. La ley permite que alguien sea declarado “víctima” de abusos policiales o de la extrema derecha por un comité compuesto por expertos forenses y miembros puestos a dedo por el Parlamento Foral. El mismo tipo de comité que hizo el “mapa del dolor” de Echarri Aranaz e incluyó al asesino del alcalde, pero se olvidó de éste y su familia.

Esta declaración es oficial, proviene de una instancia del Estado como es la Comunidad Foral. E implica dos cosas: el derecho a indemnizaciones… y la confirmación oficial de su historia, en la que necesariamente hay otra parte: la que es designada oficialmente como “culpable”, generalmente “torturador”.

Hay algunas limitaciones a la declaración de “víctima” y sus derechos (que pueden llegar a indemnizaciones de hasta 490.000 euros), pero no se acercan siquiera a las que prevé el artículo 8 del Convenio Europeo sobre Indemnizaciones a Víctimas de Violencia. Este convenio prevé que se pueda no indemnizar a “víctimas” que hayan participado en actos delictivos o formado parte de asociaciones criminales, o que no hayan colaborado con la justicia, o que no sea justo indemnizar por otras razones. Sin embargo, la ley foral no contempla bien estas posibilidades… ni exige la misma prueba de ellas que del supuesto “abuso”.

Puesto de otro modo: es mucho más difícil conseguir la calificación oficial de víctima de terrorismo (de acuerdo a la actual legislación) que la de víctima de abusos policiales o de grupos de extrema derecha en Navarra. Y da menos derechos.

Ausencia de proceso judicial. Una de las razones por las que la ley foral es más generosa es porque no exige pasar por un juzgado. No hay proceso judicial, no hay garantías, no hay necesidad de prueba con el nivel de certeza que exige un juez. No, basta con que unos forenses y unos activistas decidan que a una persona probablemente se la maltrató, aunque no haya sentencia que lo declare ni recurso que lo corrija (ni se haya confirmado que no perteneció o apoyó a grupos violentos).

Como cualquier abogado diría (escandalizado), no se puede declarar a alguien “víctima” de un delito, y con ello titular de derechos, sin que lo haga un juez. Es una barbaridad. Es pasarse la ley, el Estado de Derecho, la presunción de inocencia, las garantías procesales, todo lo que sustenta nuestra convivencia, por el forro de la conveniencia política. Es infumable.

Y por esto lo echó atrás el Tribunal Constitucional. Y por esto esperamos que lo vuelva a hacer.

Ley a la medida de un grupo. El tercer punto que destacaría (hay más) es que es una ley discriminatoria. No es una ley para “reconocer y reparar” a todas las víctimas de la violencia política o policial, no. Es una ley diseñada para reconocer y reparar a las “víctimas” de un lado concreto del espectro político.

No está pensada para reconocer y reparar a las víctimas de violencia de extrema izquierda, o de de violencia abertzale. No están pensando en compensar por caseríos quemados, escaparates rotos, amenazas, boicots o palizas (recordemos: sin necesidad de prueba judicial, basta con convencer a un comité). No están pensando en compensar a los que fueron extorsionados, o a los que resistieron a costa de un miedo traumatizante a que su familia fuera secuestrada.

No están pensando en compensar a los exiliados, ni a los acogotados. No están pensando en ayudar a los que Batasuna, Bildu, y sus diferentes encarnaciones, filiales y afiliados han hecho la vida imposible desde hace décadas. No, la ley foral 16/2019 es una ley sectaria, que reconoce derechos sólo a un segmento de la población en función de su ideología, y por tanto incumple preceptos constitucionales básicos.

Por todo ello y mucho más

No son las únicas razones. La ley, por diseño, está pensada para señalar a la Policía, la Guardia Civil y la Policía Foral como herramientas violentas de represión. Aunque renuncie a tener “consecuencias punitivas” (que nunca podría tener, al no tener calidad de sentencia judicial), los daños al honor y la moral ya son suficientes. El mismo refuerzo que da a las tesis extremistas, se lo quita a los que creen en el imperio de la ley y la igualdad de derechos.

El PSN lo sabe. El PSN está enamorado de la idea de las reparaciones y la memoria histórica, y aún así se abstuvo en la votación de esta ley. El PSN se ha negado a seguir al cuatripartito en la condena a los recursos presentados contra esta ley.

Pero el pacto del PSN con el PNV y la bendición de Bildu al matrimonio nos da a entender que todo esto que sabe quizá no pesa lo suficiente para hacer lo correcto.

Es el momento de que el PSN demuestre que sabe lo que importa la convivencia, el respeto a la opinión de los demás, la igualdad de derechos y las garantías debidas en un proceso judicial. Es el momento de que se comprometa a no desarrollar esa ley, o a derogarla. Dudo de que le faltara apoyo en el Parlamento Foral.

Yo apoyo la petición de OPLO. Tú puedes hacerlo aquí: https://haciendounmundomejor.org/causes/no-a-los-tribunales-politicos-no-a-la-ley-foral-de-abusos-policiales/.

Miguel Cornejo (@miguelcornejoSE) es economista

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