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Estrasburgo condena a Bélgica a indemnizar a los hijos de una víctima de ETA

El Tribunal de Estrasburgo condenó este martes a Bélgica a indemnizar a los hijos del teniente coronel Manuel Romeo, asesinado por ETA en Bilbao en 1981, por no haber examinado en profundidad la demanda española contra Natividad Jauregi, acusada de estar implicada en el crimen. La condena no implica que Bélgica deba entregar a la terrorista

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado a Bélgica por negarse a entregar a España a la etarra Natividad Jauregi. El Tribunal de Derechos Humanos impone a las autoridades belgas una indemnización total de 25.000 euros por «daños morales» que deberá pagar a los hijos del teniente coronel Ramón Romeo, asesinado por ETA  cuando salía de misa en la Basílica de Begoña en Bilbao en 1981.

La familia del militar presentó una demanda en Estrasburgo tras la negativa de Bélgica a ejecutar la euroorden contra la integrante del comando Vizcaya, conocida en la banda terrorista como Pepona y considerada por la Audiencia Nacional como la autora material del asesinato. La demanda planteada por el Despacho Salama García Blanco Abogados sostenía que la justicia belga no había esgrimido motivos suficientes para denegar la entrega.

En su sentencia,  el TEDH considera que Bélgica no cumplió «con la obligación de cooperar» con España para juzgar la participación de esta presunta miembro del comando «Vizcaya» porque el examen de las euroórdenes en su contra «no fue lo suficientemente completo».

El Tribunal de Estrasburgo considera por unanimidad que la alegación de los tribunales belgas de que la presunta terrorista podía sufrir malos tratos en España no estuvo bien fundada. «Bélgica ha incumplido su obligación de cooperar», afirma la sentencia. Los magistrados sostienen que la decisión belga se basó en informaciones desfasadas sobre la situación de los presos por terrorismo en España y que no identificó ningún «riesgo real e individualizable» de violación de derechos para la reclamada en caso de entrega. Precisan que, aunque ese tipo de riesgo puede fundar una denegación de entrega, en este caso la justicia belga carecía de «una base factual suficiente» para concluir que estaba ante uno de esos casos.

El rechazo a la entrega se basó principalmente en las advertencias recogidas en un informe sobre España elaborado en 2011 por del Comité europeo para la prevención de la tortura. Cuando en 2015 la Fiscalía de la Audiencia Nacional reiteró la euroorden contra la etarra alegó que los informes posteriores de ese mismo comité (2012 y 2014) no recogían ya los riesgos detectados en el primero. Pese a todo, la Justicia belga denegó la entrega, como había hecho con las primeras euroórdenes cursadas en 2004 y 2005. La negativa final a atender la petición de la Audiencia Nacional se produjo en julio de 2016. En enero de 2017 los cinco hijos del militar presentaron su demanda en Estrasburgo.

El fallo del tribunal europeo considera que los tribunales belgas violaron el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que protege el derecho a la vida y, con él, el derecho a una investigación efectiva por un asesinato como el de Ramón Romeo. «La falta de cooperación de las autoridades belgas se tradujo en una imposibilidad de perseguir a la supuesta autora del asesinato», afirma el tribunal que añade que eso provocó en los hijos del fallecido «un sufrimiento y una frustración importantes» que deben ser compensados. La cifra fijada es de 5.000 euros para cada uno de los cinco hermanos Romeo Castaño, más 7.260 euros en concepto de gastos del proceso.

Los magistrados precisan que su condena no implica «necesariamente» que las autoridades belgas deban entregar a la etarra a España. La abogada que ha llevado la causa, María Luisa García Blanco, considera que ahora Bélgica «debería reabrir el procedimiento de la euroorden de 2013, recabar del Estado español la información que precise para verificar las condiciones de detención de la etarra en nuestro país y después dictar una resolución sobre la euroorden» que esta vez cumpliese con la Convenio Europeo de Derechos Humanos. NAVARRA INFORMACIÓN/EFE

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