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El Supremo activa el trámite para preguntar a Luxemburgo sobre la inmunidad de Junqueras

El tribunal del «procés» ha activado el trámite para preguntar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre «los privilegios y las inmunidades» de la UE, como así solicitó Oriol Junqueras, a quien impidió salir de prisión para continuar con los requisitos para convertirse en eurodiputado

La Sala ha dado un plazo de tres días a las acusaciones (Fiscalía, Abogacía del Estado y Vox) y a la defensa del exvicepresidente de la Generalitat -acusado de rebelión por el «procés»- para que se pronuncien sobre la pertinencia de plantear una cuestión prejudicial al respecto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo (TJUE).
El Supremo, que mantiene en prisión al exvicepresident, les pregunta si a su juicio dicha cuestión prejudicial es necesaria para resolver el recurso de súplica de Junqueras contra la negativa a excarcelarle para que acudiese el 17 de junio al Congreso a acatar la Constitución ante la Junta Electoral Central y continuar así con los trámites para convertirse en europarlamentario.
Y, en caso afirmativo, qué cuestión debería formular a Luxemburgo.
En dicho recurso, Junqueras pidió al Supremo que preguntase al TJUE, entre otras cuestiones, si esa inmunidad parlamentaria comienza desde el momento en que los candidatos al Parlamento Europeo son elegidos.
«¿Protege dicha inmunidad frente a medidas cautelares de naturaleza penal (por ejemplo, prisión provisional) cuando dichas medidas hacen imposible para el candidato electo adquirir su condición y ejercer de forma efectiva su mandato como miembro del Parlamento Europeo?», formulaba la defensa del exvicepresident.
La Fiscalía -que ya se manifestó en contra de la petición de Junqueras- cree que no y entiende, en base a un informe de los servicios jurídicos del Parlamento Europeo, que esta garantía no es efectiva hasta que no se adquiera la plena condición de eurodiputado y la Cámara se encuentre en período de sesiones.
Éste fue el mismo argumento que utilizó el juez instructor del «procés», Pablo Llarena, para mantener las órdenes nacionales de búsqueda, detención e ingreso en prisión de Carles Puigdemont y Toni Comín, fugados a Bélgica desde el inicio de la instrucción en 2017, y cuyos escaños, como el de Junqueras, quedaron vacantes. EFE

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