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El Gobierno aprueba el Plan de Discapacidad 2019-2025 con 668 millones

El Gobierno de Navarra ha aprobado en su consejo semanal el Plan de Discapacidad 2019-2025, con un presupuesto de algo más de 668 millones de euros para transformar el sistema en favor de las personas con discapacidad

Se trata, ha dicho en conferencia de prensa el vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, de que estas personas alcancen «el máximo grado de inclusión en igualdad de condiciones, con la mayor autonomía y el mayor grado de calidad de vida».

Más de 32.000 personas, el 5% de la población de Navarra, tiene reconocida alguna discapacidad y a ellos se dirige esta iniciativa que ha contado con un proceso previo participativo, en el que han participado un millar de personas entre profesionales, familias y afectados por alguna discapacidad.

Cuenta asimismo con un «amplio consenso» de las entidades del tercer sector y el Gobierno para la definición de indicadores y su seguimiento.

Según Laparra, la discapacidad presenta necesidades de atención y apoyo especiales, tanto personales como técnicas, y es además un factor de desigualdad, por lo que exige «políticas públicas para superar procesos de discriminación y segregación» que históricamente han vivido estas personas.

Y además ha precisado que la discapacidad es una contingencia que en diferente grado estará presente en buena parte de la población durante le envejecimiento, por lo que este grupo de personas aumentará en el conjunto de la ciudadanía, lo que hace necesario planificar y desarrollar políticas que faciliten apoyos y recursos y eliminen barreras del entorno para así garantizar la inclusión social y facilitar su acceso a una vida independiente.

Con esta finalidad el plan se articula en torno a siete objetivos, empezando por dar respuesta a las necesidades de apoyo para la autonomía.

Busca además mejorar la salud con atención adecuada y accesible y con actuaciones preventivas, y proporcionar una educación inclusiva a los alumnos con discapacidad.

Pretende también aumentar la tasa de empleo con condiciones dignas, generar las condicione para que puedan participar en la vida social y cultural, mejorara la accesibilidad a los espacios y servicios, e incorporar este plan de forma transversal en todas las políticas de la Administración.

Son objetivos que se corresponden con otras siete líneas de actuación: autonomía personal e inclusión social; salud y bienestar; educación inclusiva; trabajo u ocupación; participación social y cultural; accesibilidad universal y diseño para todas las personas; y transversalidad de la discapacidad.

Por ello, aunque está dirigido por Derechos Sociales, el plan ha contado con al participación de todos los departamentos del Gobierno, incide en actuaciones transversales y define líneas de coordinación intersectorial que el Gobierno ve «imprescindibles».

Además marca otras líneas específicas de acción para mujeres con discapacidad que pretende salvar la doble vulnerabilidad que sufren estas personas; atiende a diferentes necesidades de la población a lo largo de su ciclo vital; y aboga por la equidad territorial con medias que permitan acercar los servicios al entorno rural como forma de igualar en derechos con independencia del lugar en el que se viva. EFE

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