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Popular no respetaba la norma contable, advierten peritos del Banco de España

Los peritos cedidos por el Banco de España a la causa que investiga a los antiguos gestores del Banco Popular han señalado que durante la presidencia de Ángel Ron las cuentas “no respetaban” ciertos aspectos de la normativa, e incluían tasaciones realizadas por empresas no registradas en el regulador.

Ello no implica que la entidad “fuese inviable” en la ampliación de capital aprobada en mayo de 2016, sostienen los expertos Santiago Ruiz-Clavijo y Pablo Hernández, que llaman la atención sobre el hecho de que el informe de auditoría de las cuentas de 2015 no advierte del incumplimiento de la regulación contable.

Según la lectura que realizan de las actas de los Consejos de Administración y de las reuniones de auditoría, Sanz también estaría al tanto de que se estaban empleando tasaciones realizadas por “empresas no registradas”, en contra de lo dispuesto en los estatutos de la propia entidad.

Pese a ello, en los informes sobre los ejercicios 2013, 2014 y 2015 no realizó mención alguna, como sí hizo su sucesor Pedro Barrio, que en un breve párrafo avisó de que aunque el cierre de 2016 era “correcto” existían “factores de incertidumbre” que “podrían conducir a provisiones o deterioros significativos”.

Respecto a la ampliación de capital acometida por el Popular en la primavera de 2016, todavía con Ron al frente y en la que se suscribieron títulos por valor de 2.500 millones de euros, los peritos judiciales sostienen que “con independencia de otros posibles déficits de provisiones” el importe hubiera debido ser mayor para alcanzar sus objetivos.

La operación, ahora investigada, pretendía fortalecer el balance del grupo, mejorar su rentabilidad, y sus niveles de solvencia y calidad de activos; asimismo, venía acompañada un plan estratégico que preveía la desinversión de 15.000 millones de euros de activos improductivos brutos hasta 2018.

Tras analizar la documentación, los expertos destacan la falta de consenso en el Consejo de Administración para sacar adelante la ampliación, que creen fue estudiada “una vez concluida y no antes de su aprobación”.

A su parecer, algunas de las hipótesis contenidas en el folleto informativo eran “demasiado optimistas”, especialmente las referentes a la evolución de los dudosos, lo que “invalidaba las previsiones de cobertura, pérdida y solvencia” del documento.

“No conocemos la razón para no incluir mayores entradas de dudosos”, subraya el escrito, que ve “especialmente grave” que el banco no ofreciera “la adecuada calificación contable” de las operaciones.

Aunque reconocen que no les ha sido posible cuantificar el impacto de los incumplimientos de la normativa “subsistentes” a cierre de 2016, parten de la estimación del plan de negocio aprobado el 31 de mayo de 2017, apenas una semana antes de la resolución del Popular.

En este se cuantificaban pérdidas de 1.915 millones por las provisiones de inversión crediticia y adjudicados de 4.180 millones, importe que “al igual que los 5.254 millones registrados en 2016 estaba vinculado en su mayoría a activos inmobiliarios y créditos” concedidos a empresas del sector hasta 2007.

Para Ruiz-Clavijo y Hernández, una parte “significativa de estas pérdidas” debería haberse reflejado en las cuentas de los ejercicios anteriores, pero ello no implica que “el Popular fuese inviable”.

No obstante, descargan parte de la responsabilidad que las acusaciones atribuyen a los expresidentes Ángel Ron y Emilio Saracho, y a sus Consejos, ya que tuvieron que afrontar factores “no controlables por los gestores”.

Así pues, aunque en diciembre de 2016 el banco tuvo mayores pérdidas de las anunciadas y su situación era peor que la prevista en la ampliación, “parte de la desviación” se debió al retraso en la venta de Totalbank y el abandono del proyecto “Sunrise”.

Sobre la resolución del Popular, ejecutada por el FROB a instancias de Europa el 7 de junio de 2017, ambos concluyen que vino motivada por tres episodios de fuga de depósitos durante el segundo trimestre del año, siendo el del 31 de mayo “de especial gravedad”.

Más allá de los imprevistos, los peritos señalan las “debilidades” en el control interno del banco, y reprochan a la dirección “la falta de comunicación de una estrategia clara”, lo que “acentuó” la inestabilidad de la valoración del Popular.

El informe, encargado en 2017, ya obra en poder del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que en virtud de su contenido podría citar a declarar a los querellados. EFE

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