El exsenador de ERC, Santiago Vidal en la Ciudad de la Justicia. EFE/Archivo
La juez de Barcelona que instruye el 1-O ha procesado a 30 investigados por malversación y prevaricación, entre otros, aunque ha exculpado al exsenador de ERC Santi Vidal y al arquitecto jurídico del proceso, Carles Viver i Pi Sunyer, y no se pronuncia sobre el aforado Lluis Salvadó, exsecretario de Haciena
En un auto, la juez procesa a 30 investigados, entre ellos varios exaltos cargos del Gobierno de la Generalidad de Carles Puigdemont, empresarios y los directores de TV3 y Catalunya Ràdio por los delitos de malversación, desobediencia, falsedad, revelación de secretos y prevaricación, y fija para diecisiete de ellos una fianza por responsabilidad civil de casi seis millones de euros, cifra equivalente supuestamente a los gastos comprometidos con el 1-O.
En su escrito, la juez procesa a los exaltos cargos de la Generalidad Antoni Molons, Joaquim Nin, Jaume Clotet, Josep Ginesta, Francesc Sutrías, Aleix Villatoro, Amadeu Altafaj y al exsecretario general del Diplocat Albert Royo, entre otros, y exculpa a 15 investigados, entre ellos Santi Vidal -cuyas conferencias en las que desveló que ls Generalidad ocultaba una partida de 400 millones para el referéndum propiciaron la apertura de la causa judicial- y Carles Viver i Pi Sunyer.
Sostiene la juez que hubo «un plan común» entre todos los procesados, desde sus distintos puestos de responsabilidad en la administración o la empresa privada, para impulsar el 1-O. «Siguieron las directrices marcadas por los distintos departamentos de la Generalidad y con el firme propósito de celebrar el referéndum hacia la independencia, realizaron actuaciones y algunos dictaron resoluciones con las que dispusieron de fondos públicos para financiar» la votación.
En este sentido, la instructora impone una fianza de 5,8 millones de euros a los diecisiete procesados por malversación –delito penado con hasta ocho años de cárcel– ante los indicios de que se habrían sufragado o comprometido cantidades de dinero público a distintos elementos del referéndum, como el registro de catalanes en el exterior, los anuncios que se emitieron por TV3 y Catalunya Ràdio, el censo o las notificaciones y sobres para los miembros de las mesas incautados en Unipost.
Además, la juez señala en su escrito que no es competente para pronunciarse sobre el exsecretario general de Hacienda Lluis Salvadó, dada su condición de aforado. NAVARRA INFORMACIÓN/EFE
