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El informe, solicitado por el Parlamento Foral a instancias del PSN, recuerda que en 2016 el legislativo aprobó la ley que regula los derechos a la inclusión social y a la renta garantizada, una prestación básica, económica y periódica destinada a las personas que no tienen cubiertas sus necesidades básicas
La ayuda va dirigida fundamentalmente a familias, que reciben entre 610 y 1.220 euros al mes según su situación y tiene una duración de doce meses, renovable por el mismo periodo. Para ello deben residir en Navarra, ser demandantes de empleo, aceptar las ofertas de empleo que reciban y participar en actividades de inserción sociolaboral de los servicios sociales de base y de empleo.
Al analizar su evolución, el órgano fiscalizador constata un importante incremento del gasto, que ha pasado de 31 millones en 2010 a 104 millones el año pasado.
La gestión de esta materia corresponde a la Sección de Garantía de Ingresos y Prestaciones Económicas del departamento de Derechos Sociales y en el proceso participan, además, los servicios sociales de base, la Secretaría General Técnica y la Sección de Inspección.
El procedimiento se inicia a solicitud de la persona interesada mediante la presentación de un formulario, según explica Comptos, que añade que para valorar las solicitudes el departamento de Derechos Sociales envía un listado a la Hacienda Tributaria con el fin de tener la información fiscal de los solicitantes.
También existe coordinación con el Servicio Navarro de Empleo para verificar, por un lado, que los perceptores son demandantes de empleo y por otro, para asegurar que reciben ofertas de empleo.
En cuanto al control de convivencia y empadronamiento, la investigación corresponde a la Policía Foral, según Comptos que añade que existe un procedimiento abreviado y preferente para la solicitud y resolución de renta garantizada, los casos de violencia de género. En 2017 se solicitaron dos y el año pasado 33.
En 2017 y 2018 hubo algo más de 16.000 solicitudes de renta garantizada, con unos 37.000 beneficiarios por año. La mayor parte de estas solicitudes (10.200) proceden de Pamplona y comarca, seguida del área de Tudela (5.400) y la zona de Estella (3.300).
El informe constata el aumento en el importe por miembro de unidad familiar concedido que ha pasado de unos 570 euros en 2014 para una familia de tres miembros a 792 el año pasado. Las familias de seis o más miembros cobraban 724 euros en 2014 y el año pasado 1.014 euros.
Entre los beneficiarios de la renta garantizada, el porcentaje de mujeres supera al de hombres, observándose un incremento de esa diferencia. En noviembre de 2018 las mujeres suponían el 59 %.
Respecto a la procedencia de los beneficiarios, el 42% son españoles, el 29% africanos, el 19% americanos y el 10% procede de algún otro estado europeo.
Se analiza también el porcentaje de beneficiarios que, estando en edad laboral, acceden a un empleo durante el tiempo de percepción de la renta. En 2016 eran 21.000, de los que 5.600 consiguieron incorporarse al mercado laboral, el 27 %, un porcentaje que subió al 31 % en 2017 y el año pasado se situó en el 30 %. Como consecuencia de ello, el año pasado más de 1.200 familias dejaron de percibir la renta garantizada.
El informe incluye algunas recomendaciones para seguir mejorando la gestión de estas ayudas.
