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El TC declara inconstitucional la ley catalana de investiduras a distancia

El Pleno del Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional, y por tanto nula, la ley que aprobó el Parlamento de Cataluña para permitir la investidura no presencial del presidente de la Generalidad y la celebración de las reuniones del Gobierno por vía telemática.

El Constitucional, en una decisión adoptada por unanimidad, estima de forma parcial el recurso de inconstitucional presentado por el Gobierno contra esa norma, denominada Ley de Presidencia de la Generalidad, que lleva suspendida de forma provisional desde mayo de 2018, lo que impidió el plan de investir a Carles Puigdemont pese a encontrarse huido en Bélgica.

Esa norma, denominada Ley de Presidencia de la Generalidad, que lleva suspendida de forma provisional desde mayo de 2018, lo que impidió el plan de investir a Carles Puigdemont pese a encontrarse huido en Bélgica. La ley se había aprobado por la vía de urgencia con el apoyo de las fuerzas soberanistas después de que el propio Constitucional vetase un mes antes la investidura de Puigdemont de manera telemática o de cualquier modo que no implicase su presencia en el Parlamento.

Esta ley modificaba la Ley 13/2008, de 5 de noviembre de la presidencia de la Generalidad y del Gobierno. En consecuencia, la sentencia redactada por el magistrado Antonio Narváez, declara la inconstitucionalidad y nulidad del artículo 1, que preveía que en caso de ausencia, enfermedad o impedimento del candidato/a (…) el Pleno del Parlamento de Cataluña pudiera autorizar, por mayoría absoluta, que el debate de investidura se celebrara sin la presencia o sin la intervención del candidato/a, que en ese caso podía presentar el programa y solicitar la confianza de la cámara por escrito o por cualquier otro medio previsto en el Reglamento.

El Tribunal recuerda que, según la doctrina establecida en la sentencia 19/2019, de 12 de febrero, (…) el candidato a la presidencia de la Generalidad debe comparecer de forma presencial ante la Cámara.

En efecto, «una investidura en la que el candidato no compareciera presencialmente ante la cámara para solicitar su confianza sería contraria al bloque de constitucionalidad al vulnerar los principios que derivan del artículo 99.2 de la Constitución y en el caso examinado también del artículo 67 del Estatuto de Cataluña y del artículo 149 del Reglamento del Parlament, pues aunque estas normas no establezcan expresamente el carácter presencial de la investidura, esta exigencia es inherente a la naturaleza de este procedimiento», afirma la sentencia.

«Sin perturbaciones ilegítimas»

Entiende el tribunal que se vulneraría el derecho de los diputados a ejercer su cargo público sin perturbaciones ilegítimas y de conformidad con lo previsto en la ley y en los principios constitucionales contemplados en el artículo 23 de la Carta Magna.

Por conexión con este precepto también se declara la inconstitucionalidad y nulidad de la Disposición Adicional porque «prevé la modificación del Reglamento del Parlamento para regular una investidura no presencial, que es contraria a la Constitución y al Estatuto».

También la sentencia declara la inconstitucionalidad y nulidad del artículo 2 de la Ley que introduce cuatro nuevos apartados (3 a 6) en el artículo 35, referido a los medios telemáticos. En concreto, el apartado 3 del citado artículo dice: «El Gobierno y los demás órganos colegiados (…) pueden constituirse, convocar y celebrar sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas tanto de forma presencial como a distancia, salvo que su reglamento interno recoja expresamente y excepcionalmente lo contrario».

El tribunal, aplicando la doctrina establecida por la sentencia 19/2019, recalca la importancia que reviste la interrelación directa e inmediata en los procesos deliberativos y decisorios que son propios de cualquier Ejecutivo, pues la separación física no permite conocer todo lo que está sucediendo en otro lugar.

Además, en una reunión a distancia puede que no estén debidamente protegidas las funciones de los miembros de un Gobierno como ejercer su cargo sin interferencias externas, su propia seguridad, la libertad con la que deban afrontar su participación en los debates y deliberaciones y el secreto que deban preservar de éstas.

Contrario al Estatuto

El tribunal analiza este apartado y destaca, como eje central de su argumentación, que, con la redacción del precepto, queda a la libre discrecionalidad del Gobierno de la Generalitat la posibilidad de celebrar sus sesiones, bien presencialmente, bien por vía telemática, pudiendo llegar a la posibilidad de que todas las sesiones se celebraran de la segunda de las formas, de tal manera que el presidente, todos o algunos de sus miembros, pudieran hallarse simultáneamente en diferentes lugares, ya sea dentro o fuera del ámbito territorial de Cataluña o, incluso, en el extranjero, cuando, de conformidad con lo que disponen los artículos 97 de la Constitución y 68.1 del Estatuto, en conexión con los artículos 10 y 67.8 de la más alta norma autonómica, la celebración no presencial de las sesiones del Ejecutivo catalán debe obedecer «a casos justificados, excepcionales y (con) las oportunas garantías».

Por tanto, la sentencia declara inconstitucionales y nulos los términos «constituirse», «y celebrar», así como «adoptar acuerdos» de este apartado. En cambio, ninguna tacha merece al tribunal la previsión de que para «convocar» y «remitir actas» se empleen medios telemáticos, dado que se trata de funciones puramente documentales que no implican deliberación ni toma de acuerdos.

En el apartado 4 del artículo 35 se refiere a los medios telemáticos que los miembros del Gobierno pueden utilizar en las sesiones a distancia. Entre dichos medios, se permite el correo electrónico que no permite la oralidad.

El Tribunal aplica el mismo razonamiento que el apartado anterior para declarar su inconstitucionalidad y nulidad porque «tiene por objeto regular específicamente las sesiones a distancia sin el carácter excepcional que necesariamente deben tener».

El apartado 5 regula el quórum exigible para las deliberaciones y decisiones del Gobierno permite que se compute «tanto la asistencia presencial como la participación a distancia». Ello significa que el legislador autonómico equipara plenamente las reuniones presenciales y a distancia. La sentencia también considera que es inconstitucional y nulo por las mismas razones que los apartados 3 y 4 «visto el carácter absoluto e incondicionado con el que asimila la participación presencial y a distancia».

Finalmente, el apartado 6 prevé que cuando los miembros del Gobierno emplean los medios telemáticos para despachar los asuntos y ejercer las funciones que les correspondan se entiende que no se da el supuesto de ausencia a que se refieren los artículos 6.1, 12.1 k, 14.5, 15.4 y 20.

El Tribunal entiende que «este apartado excluye en todo caso la sentencia de nombrar un suplente en los supuestos de ausencia, nuevamente sin establecer causa, motivo ni garantía de ninguna clase».

Para concluir, el pleno del TC declara, al tratarse de una sentencia que tiene «plenos efectos frente a todos», el deber que tienen las autoridades y cargos públicos de «impedir o paralizar cualquier iniciativa que pudiera suponer ignorar o eludir el fallo de esta sentencia». EFE

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