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La Policía de Nicaragua recurre a la violencia pero no evita protestas

La Policía de Nicaragua utilizó la violencia este sábado contra opositores que intentaban manifestarse para pedir la liberación de cientos de «presos políticos» y arrestó a más de 60 personas, incluidos personajes reconocidos, pero no evitó las protestas contra el presidente Daniel Ortega.

Las acciones de la Policía nicaragüense buscaban impedir una marcha convocada por la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco para exigir la libertad «incondicional y absoluta» de las personas arrestadas por protestar contra Ortega.

Agentes de la Dirección de Operaciones Especiales (DOE), un cuerpo élite de la Policía Nacional, capturaron a unas 66 personas previo a una manifestación, incluidos periodistas, líderes opositores, una exguerrillera sandinista y un exministro de Educación, informó la Unidad.

Entre los capturados estaban el exministro de Educación Humberto Belli, la exguerrillera sandinista Mónica Baltodano, la líder opositora Ana Margarita Vigil, y la veterana periodista Marlen Chow, que además fueron golpeados por la Policía, detalló la Unidad.

También fueron capturados el líder estudiantil Max Jerez, la constitucionalista Azahalea Solís, y la dirigente feminista Sandra Ramos, miembros del equipo de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que participan en negociaciones con el Gobierno para encontrar una salida a la grave crisis sociopolítica que vive el país.

Las detenciones, realizadas por policías y personas de civil, ocurrieron de forma violenta e incluyeron disparos; además, decenas de agentes ingresaron a establecimientos comerciales privados cerca del centro de Managua para capturar a manifestantes, según diversos testimonios.

Los policías golpearon al reportero gráfico nicaragüense Luis Sequeira, lo subieron a una camioneta policial y le arrebataron su cámara.

«Me robaron mi equipo, mi cámara, mi celular, me golpearon en el pecho, en el estómago», dijo Sequeira, de AFP y quien, al pedir su filmadora, los policías le respondieron: «Andá pedísela a tu madre», antes de tirarlo de la camioneta.

Posteriormente, los agentes acorralaron a los periodistas en un estacionamiento y realizaron disparos, pero no se reportaron heridos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó esta «represión» contra periodistas y manifestantes en Nicaragua.

«La CIDH condena la represión de la Policía Nacional en Managua y en otros puntos de Nicaragua. El Estado debe cesar ataque a periodistas y manifestantes que se expresaban hoy pacíficamente por la liberación de presos políticos y debe dar información sobre detenidos y heridos», escribió el organismo en su cuenta de Twitter.

En tanto, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), cuya presidenta, la activista Vilma Núñez, escapó de ser arrestada, confirmó a Efe que horas después la Policía rondaba las calles, a la espera de que los manifestantes salieran de gasolineras o centros comerciales con rumbo a sus casas.

El control de la Policía logró su objetivo de forma parcial, ya que evitaron la marcha, pero no las manifestaciones, ya que los nicaragüenses que se mantenían dentro de los centros comerciales aprovecharon para protestar contra Ortega, ya sea entonando el Himno Nacional de Nicaragua, o consignas como «¡Viva Nicaragua libre!», «¡De que se va, se va!» o «¡Pueblo únete!».

La marcha fue convocada el jueves por la Unidad Nacional Azul y Blanco, pero el viernes la Policía informó que no había dado permiso a la manifestación.

Sin embargo, la Unidad apeló a los derechos de expresión y movilización consignados por la Constitución de Nicaragua para confirmar la marcha.

Antes de la protesta la Unidad solicitó al nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag y al delegado de la secretaría general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Ángel Rosadilla, que intercedieran en su calidad de «testigos y acompañantes» de las negociaciones entre el Gobierno y la oposición para que el Gobierno respete el derecho a la libre movilización.

Nicaragua sufre una grave crisis que ha dejado 325 muertos en 11 meses, de acuerdo con la CIDH, aunque algunos grupos locales humanitarios elevan a 561 las víctimas mortales, mientras que el presidente Daniel Ortega solamente reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.

Al menos 762 personas permanecen con algún tipo de régimen carcelario en Nicaragua tras participar en protestas antigubernamentales, según el Comité Pro Liberación de Presas y Presos Políticos.

La CIDH ha insistido en que el Gobierno de Ortega ha cometido crímenes «de lesa humanidad», mientras que la aplicación de la Carta Democrática Interamericana está en proceso en la OEA, lo que podría culminar con la suspensión del país centroamericano del organismo continental. EFE

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