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El juez de Púnica trata de reducir a la mitad las 16 piezas que tiene el caso

El juez de Púnica trata de reducir a la mitad las 16 piezas del caso de corrupción municipal y regional que protagoniza el exdirigente popular en la Comunidad de Madrid Francisco Granados, que, en relación a estos hechos, ha sido ya condenado a dos años cárcel por beneficiarse del chivatazo por el que supo que le investigaban.

De esas 16 piezas, de las que hay que descontar la del chivatazo a Granados -cuya condena esta semana ha confirmado el Supremo-, tanto el juez Manuel García Castellón como las fiscales del caso, Carmen García y Teresa Gálvez, pretenden que queden en 6 u 8, a lo sumo, han informado a Efe fuentes jurídicas.

En 2015, un año después de la detención de Granados en la operación Púnica, el entonces instructor de esta causa, Eloy Velasco, acordó dividir en doce piezas separadas la investigación para una tramitación más rápida y permitir el enjuiciamiento en aquellas piezas en las que hubiera finalizado la instrucción.

Cuatro años después, solo una de estas piezas cuenta con sentencia firme, la del chivatazo, que trata además un asunto en el que no se ha juzgado a la trama de corrupción como tal.

A lo largo de estos años, las piezas han ido aumentando y actualmente son ya 16, algo que tanto el juez como la Fiscalía han considerado que conviene aligerar, teniendo en cuenta que hay hechos que confluyen en unas y otras y pueden ser repetitivos.

Tras la del chivatazo, ya está conclusa y pendiente de llegar a juicio la pieza sobre la trama Púnica en León, en la que está procesado el expresidente de la Diputación Marcos Martínez, quien sustituyó en ese cargo a la asesinada Isabel Carrasco.

También la que afecta a Murcia cuenta ya con auto de procesamiento tras haberse remitido al Supremo las diligencias que afectaban a la senadora del PP y exalcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro y que finalmente fueron archivadas.

Esta pieza motivó además la caída del expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez, investigado en esta causa en la Audiencia Nacional, tras su renuncia como presidente autonómico, por tratar de contratar con la trama cuando era consejero de Educación.

Está también muy avanzada, según las fuentes consultadas, la que se refiere a la empresa de eficiencia energética Cofely, filial de la compañía energética francesa GDF Suez, algunos de cuyos exdirectivos han terminado colaborando con la Justicia y aportando pruebas de los amaños en concursos públicos en ayuntamientos involucrados en esta trama de corrupción.

El arrepentido de la Púnica, David Marjaliza, exsocio de Granados, confesó que esta empresa recibió adjudicaciones a cambio de comisiones, que variaron entre los 500.000 y los 2.000 euros, a alcaldes de una decena de municipios madrileños, del PP y del PSOE.

Entre las 16 piezas del caso también figura la de la financiación ilegal del PP madrileño que presidía Esperanza Aguirre y en la que están involucrados tanto su exconsejero Francisco Granados como su sucesor en la Presidencia de Madrid, Ignacio González, investigado en el caso Lezo, que también instruye García Castellón.

Otras piezas son la referida a las empresas Eico y Madiva de reputación «online» en administraciones públicas, que afecta al considerado conseguidor de la trama Alejando de Pedro y en la que están imputados los exconsejeros del PP Salvador Victoria y Lucía Figar, y otra sobre el Ayuntamiento de Valdemoro, localidad madrileña de la que fue alcalde Granados y donde nació la trama.

También están las piezas sobre Waiter Music, empresa dedicada a la organización de eventos vinculada a la red de corrupción, o la referida a la empresa pública Arpegio, en la que se investiga la gestión del Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid (Prisma) ante la sospecha de que empresarios pagaron comisiones a cambio de recibir contratos. EFE

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