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Aprobado el dictamen de la ley de víctimas de la extrema derecha y policial

La comisión parlamentaria de Relaciones Ciudadanas e Institucionales ha dejado dictaminada la proposición de ley de reconocimiento y reparación de las víctimas habidas desde 1950 por actos violentos de motivación política provocados por policías o grupos de extrema derecha

El texto incide en el carácter subsidiario del procedimiento administrativo para regular los medios y fórmulas dirigidas a resarcir las conculcaciones de derechos, salvando los reparos del Tribunal Constitucional, que en 2018 anuló una ley foral aprobada en 2015 al entender que “invadía funciones propias de la jurisdicción penal”.

Ahora se pretende de nuevo promover el reconocimiento y, en su caso, la reparación de estas víctimas, regulando los medios y mecanismos para considerarlas como damnificados y beneficiarios de los correspondientes derechos de reparación integral.

Y para restaurar las “vulneraciones” habidas por “violencia de motivación política” se instituye “un procedimiento administrativo con el que, sin menoscabo del deber de abstención, concurrencia y sujeción a los pronunciamientos judiciales”, se pretende corregir el vacío legislativo actual.

La iniciativa fue presentada por el cuatripartito y a instancias del PSN. apoyado por UPN y PP, han quedado “expresamente excluidas” las personas que resultaran “fallecidas o heridas por la manipulación de armas o explosivos con propósito terrorista” o con la pretensión de “repeler o evitar actuaciones legítimas de las fuerzas y cuerpos de seguridad”.

Para otorgar el reconocimiento de víctima y proceder a la homologación de derechos con afectados por acciones de similar naturaleza, se crea una Comisión de Reconocimiento y Reparación que, integrada por nueve personas de acreditada competencia, resolverá en el plazo de un año los expedientes incoados al amparo del derecho a la verdad configurado en torno al conocimiento, documentación y aclaración de los hechos y circunstancias.

La declaración como víctima podrá implicar, además de asistencia sanitaria, el reconocimiento de indemnizaciones económicas por daños “físicos, y/o psicológicos y materiales”, al tiempo que contempla la posibilidad de interponer recursos.

El texto recoge también el reconocimiento institucional y publico de las víctimas, compatible en todo caso con el derecho a la intimidad si se solicita expresamente.

En cada expediente constará un informe técnico emitido por al menos los dos peritos forenses miembros de la Comisión sobre la compatibilidad del maltrato o lesiones alegadas, y en los casos acreditados de gran invalidez, incapacidad permanente parcial, total o absoluta se pronunciarán también sobre el grado de vinculación de las lesiones con los hechos alegados.

El incumplimiento de lo establecido o la falsedad de los datos presentados conllevará la pérdida del reconocimiento y, si procede, el reintegro de las cantidades percibidas más los intereses legales.

La Comisión, que presentará cada año una memoria de su actividad en el Parlamento, podrá solicita la colaboración de archivos oficiales y si del inicio del expediente pudiera desprenderse alguna actuación ilegal, lo comunicará a los órganos judiciales y lo pondrá en conocimiento de la autoridad competente.

El dictamen determina que en los casos en los que se tenga conocimiento de la existencia de causas judiciales abiertas se suspenderá la tramitación del procedimiento hasta que la vía judicial se haya agotado, igual que se hubiera abiertos procedimientos administrativos sancionadores.

La Comisión elaborará en cuatro años a partir de su constitución un informe sobre sus actuaciones relativas al período 1951 y el 28 de diciembre de 1978 y otro desde esta fecha hasta la actualidad.

Este órgano estará financiado por los Presupuestos Generales de Navarra y el Gobierno se encarga asimismo de dotarle de los medios materiales y humanos suficientes. EFE

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