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El nacionalismo se cura

Vivimos años en el que los partidos llamados “nacionalistas” marcan la agenda de todo el país. El nacionalismo vasco hace y deshace gobiernos, el nacionalismo catalán intenta deshacer la legalidad, y sus sucursales y afines distorsionan la convivencia en un tercio de las regiones españolas.

Durante años se ha asumido que así son las cosas, que el nacionalismo es incurable y sólo se puede contener dándole parte de lo que pide. Esta es la tesis de la filiales del Partido Socialista, y también de demasiados regionalismos. Parece evidente que, como medicina, no funciona.

Uno de los problemas es que el nacionalismo manifiesta sus síntomas a nivel local y regional, pero tiene sus causas en el marco legal nacional. Sus causas reales, no sus raíces míticas. El nacionalismo actual es producto de la historia, pero de una historia mucho más reciente de lo que quieren hacernos creer sus promotores. No más de cincuenta años.

Lo que hace perjudicial al nacionalismo es su falta de solidaridad. Es una ideología que pretende conseguir las mejores condiciones para un conjunto concreto de personas dentro del grupo global. Buscan el bien particular, no el común, y el poder para un subconjunto de la sociedad. Lo que, por definición, discrimina al resto y les niega la igualdad real de derechos en un territorio.

Lo que le hace potente son tres cosas: su capacidad real para beneficiar a ese grupo, la falta de capacidad del conjunto para defenderse… y el apoyo o la tolerancia de personas que no son de ese conjunto pero lo usan contra rivales comunes. O dicho en román paladino: los nacionalismos existen porque consiguen privilegios para los que les apoyan, porque los demás no pueden pararles, y porque hay desaprensivos que pactan con ellos a cambio de ventajas puntuales.

Si nos planteamos realmente parar los pies a los nacionalismos, no hay que abordar sólo la corrección de una visión del mundo errónea que se viene difundiendo desde las televisiones e instituciones regionales desde hace cuarenta años. Hay que atacar las raíces, los tres puntos que hacen viable el nacionalismo.

Hay dos pilares evidentes: el sistema electoral y el de financiación autonómica. El primero les da un peso desproporcionado (una representación mucho mayor que una persona, un voto). El segundo está tan mal definido (y lleva años pendiente de redefinirse) que resulta arbitrario, y la presión de los votos nacionalistas puede desviar recursos de una región a otra.

Si se corrige el número de escaños que aporta cada provincia, adecuándolo más a su población, se habrá quitado al nacionalismo su mayor arma para conseguir privilegios. Y si se normaliza la financiación autonómica, con un marco objetivo que asegure que lo que pagan (y lo que reciben del Estado) los ciudadanos de una región y de otra es esencialmente lo mismo en función de criterios objetivos (e independientemente de si se calcula de un modo u otro, dentro de lo constitucional), se habrá acabado con ella. Si el nacionalismo no puede ordeñar al resto del país, pierde su capacidad de beneficiar a los que lo apoyan.

Y no sólo eso. Si se marcan las reglas del juego, evitando la arbitrariedad, la posibilidad del nacionalismo de subastar sus votos a cambio de favores, como hace el PNV, disminuirá mucho.

Para eliminarla hacen falta mas cosas. En concreto, hace falta blindar los derechos de los demás para que no puedan ser atropellados. Esto a su vez requiere tomar medidas en tres áreas: educación, administración pública y justicia.

La educación es clave. Los nacionalismos han colonizado sistemáticamente los sistemas educativos, usando el idioma, para favorecer a sus afines y a su visión del mundo. En las administraciones públicas pasa lo mismo: la exigencia de un idioma que no es común hace de barrera para reservar la gestión de los recursos públicos a sus afines. Para eliminar la influencia del nacionalismo en estos dos mundos hacen falta dos cosas: reconocer y respaldar que nunca puede permitirse que un idioma regional sea un requisito para un puesto de trabajo público (salvo quizá el de profesor del mismo), y reducir o eliminar la discrecionalidad, tanto en los contenidos educativos como en los nombramientos dentro de la administración, haciendo valer el mérito y la capacidad por encima del dedazo. Nuestro país tiene un nivel de designación directa muchísimo mayor que los de nuestro entorno, y la consecuencia es una administración fácilmente colonizable por partidos como los nacionalistas.

Pero la auténtica clave es la justicia. Cuando un alcalde puede ignorar sentencias y requerimientos judiciales durante años (como hace Asirón) y recurrir con manifiesta irresponsabilidad lo que no le gusta, y con ello mantener vigentes durante años acciones ilegales, la justicia no funciona. Cuando se puede ignorar la ley y las decisiones, como se hace en multitud de ayuntamientos catalanes, y mantener símbolos políticos excluyentes, vamos mal. Cuando cada semana se celebran actos sin autorización en Navarra y nadie hace nada, fallan las cosas. Los derechos que no se pueden hacer valer no existen. La reforma de la justicia, no sólo para asegurar su independencia sino para multiplicar su eficacia, es esencial.

Un nacionalismo cultural y romántico, un orgullo cívico regional, es una cosa que hasta tiene su gracia. Partidos nacionalistas que pretenden limitar los derechos de terceros y venden su apoyo a los grandes a cambio de trato especial para sus regiones… no, gracias. Y está en nuestra mano limitarlos. Pongamos los medios.

Miguel Cornejo (@miguelcornejose) es economista y miembro de la junta directiva de Ciudadanos Pamplona.

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