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La campaña electoral apunta a la Diputación Permanente del Congreso

La Diputación Permanente del Congreso tiene muchas papeletas de convertirse en un escenario más de la campaña electoral del 28A por la intención del Gobierno de seguir aprobando decretos-leyes y llevarlos a las Cortes, lo que los principales partidos de la oposición, PP y Ciudadanos, aunque también Unidos Podemos, consideran cuestionable, cuando no una manera de retorcer o vulnerar la Constitución.

Presidida por la propia presidenta del Congreso, Ana Pastor, y compuesta por 60 diputados (sin incluir los 60 suplentes), la Diputación Permanente es el órgano parlamentario que gobierna el Congreso entre periodos de sesiones y una vez se disuelvan las Cortes, lo que sucederá el 5 de marzo tras llegar a la Cámara el decreto de la convocatoria electoral.

El adelanto decidido por Pedro Sánchez, y motivado, según explicó él mismo, por el rechazo a sus presupuestos, no sólo ha provocado que una veintena de proyectos legislativos y varias decenas de proposiciones parlamentarias hayan decaído, por no citar la interrupción del trabajo de las comisiones, sino que, casi como efecto colateral, ha colocado la Diputación Permanente en el centro político.

Lo que se vote en este órgano, del que se convocarían una o dos sesiones entre el 5 de marzo y el 28 de abril, en función del ritmo del Consejo de Ministros, será importante para el desenlace electoral.

El reglamento del Congreso establece que la Diputación la convoca la presidenta a iniciativa propia o a petición de dos grupos parlamentarios, o de una quinta parte de los integrantes de la propia Diputación.

También le atribuye una serie de funciones, entre las que se encuentra «asumir las facultades que en relación con los decretos-leyes» confiere al Congreso el artículo 86 de la Constitución. También enumera entre sus cometidos competencias en cuanto a estados de alarma, excepción o sitio.

Ese artículo de la Carta Magna, el 86, regula efectivamente cómo se tramitan esos decretos: primero le dice al Gobierno que podrá dictarlos «en caso de extraordinaria y urgente necesidad» y que estos, a su vez, no podrán «afectar el ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos» ni al «régimen de las comunidades autónomas ni al derecho electoral general».

Si del Consejo de Ministros sale un decreto-ley, éste deberá ser «inmediatamente» sometido a debate y votación en el Congreso, que habrá de convocarse al efecto, «y si no estuviere reunido -apunta la Constitución-«, dispondrá de un plazo de 30 días siguientes a su promulgación. En este tiempo la Cámara tiene que pronunciarse entre la convalidación o derogación.

Como las Cortes estarán disueltas para cuando el Gobierno envíe un decreto-ley, Pastor deberá convocar la Diputación Permanente en menos de un mes.

Traducido en el lenguaje político actual: dado que el Ejecutivo ha avanzado que quiere tramitar una serie de cuestiones (ayudas a parados de larga duración, igualdad laboral o la contingencia a movilizar en caso de «brexit»), los grupos puede que tengan que votar cuestiones sociales de cierta envergadura en pleno periodo electoral.

Fuentes de la dirección parlamentaria del PP consultadas por Efe acusan al Gobierno de «filibusterismo» por cuanto no ven en esos posibles decretos la «extraordinaria o urgente necesidad» que decreta la Constitución.

Además, consideran que pueden ser medidas que supongan aumentar los ingresos o el gasto sobre unos Presupuestos prorrogados.

En definitiva, concluyen las fuentes, se estaría retorciendo la Constitución, si no vulnerándola. Añaden que sólo verían justificado el decreto del «brexit» debido a la repercusión nacional que puede ocasionar.

En Ciudadanos las fuentes consultadas se pronuncian de modo similar, incluso con más dureza, pues acusan a Sánchez de usar los decretos-leyes directamente con un fin electoral: «para ganar las elecciones», resume un diputado de esta formación.

«No puede ser que por querer gobernar hasta el final, -Sanchez- se quiera aprovechar del decreto», concluye.

El grupo socialista defiende la posibilidad por cuanto sí contempla «necesidad» en medidas fundamentales para la ciudadanía y porque no ve colisiones constitucionales. Lo que está en juego, afirma una fuente de la dirección parlamentaria, es «votar sí o no, sin más». «¿Se va a negar la oposición a que un parado de larga duración tenga ayudas?», se pregunta.

Sobre esta cuestión se pronunció el jueves la portavoz de Unidos Podemos: «Estudiaremos cada decreto para saber si es bueno para la vida de la gente, y en función de eso definiremos nuestro voto, si es que se nos pide en la Diputación Permanente». Acto seguido cuestionó gobernar «a base de decretos-leyes».

Fuentes parlamentarias explican que más allá de decretos sobre ayudas tras catástrofes naturales, por poner un ejemplo, no es habitual que la Diputación convalide o derogue este tipo de medidas. «Lo puede hacer, pero no es lo frecuente», insiste.

Sin embargo, todo apunta a que en el Congreso seguirá la intensidad política incluso a medio gas. EFE

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